El nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, juró su cargo en el Palacio de La Zarzuela ante Su Majestad el Rey.
Su Majestad el Rey presidió el acto, que se celebró en el Palacio de La Zarzuela, en el que Julián Sánchez Melgar juró su cargo como nuevo fiscal general del Estado.
El nuevo fiscal general del Estado juró su cargo ante un crucifijo, un ejemplar facsímil de la Constitución editado por las Cortes Generales en 1980, abierto por el artículo 124.4, así como una Biblia editada en Valencia en 1791, propiedad de Carlos IV, abierta por el Antiguo Testamento, Libro de los Números, capítulo 30, del voto de juramento, página 157.
Por Real Decreto 1026/2017, de 7 de diciembre, fue nombrado fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 124.4 de la Constitución y 29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, oído el Consejo General del Poder Judicial, previa comparecencia del candidato propuesto ante el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2017.
Julián Sánchez Melgar tiene acreditados casi 35 años de servicios prestados en la Carrera Judicial, en la que ha ocupado destinos en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona, en Juzgados de Reinosa, Miranda de Ebro, Mataró y Santander, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila y, desde enero de 2000, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Además, desde noviembre de 2014 es magistrado sustituto de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y es autor de medio centenar de publicaciones entre libros y artículos monográficos, entre ellos "Código Penal. Comentarios y jurisprudencia", "Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comentarios y jurisprudencia" e "Inviolabilidad e inmunidad de diputados y senadores".
El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124.1 de la Constitución Española).
Conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios (artículo 124.2 de la Constitución Española).
El fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por Su Majestad el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, por lo que intervienen en su nombramiento los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y su mandato tiene una duración de cuatro años.
