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Está convencido de que se cumplirá con la fecha límite del 6 de junio a pesar de "algunas dificultades"

Justicia asegura que "en ningún caso" se archivarán causas penales por los plazos impuestos por la LECrim

19 de Mayo de 2016

El Ministerio de Justicia ha asegurado que "en ningún caso" se archivarán causas penales por el cumplimiento del plazo al que obliga el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece el 6 de junio como fecha límite para clasificar todas las causas judiciales abiertas en España como complejas o no complejas, lo que determinará el plazo máximo para su instrucción.

EP

Según han explicado fuentes de Justicia a Europa Press, las "pocas" causas que se queden sin catalogar antes de la fecha prevista por la ley serán declaradas como complejas, por lo que no podrán ser archivadas, tal y como contempla la propia LECrim en el punto uno del artículo 324.

No obstante, la convicción del departamento que dirige en funciones Rafael Catalá es que se va a poder cumplir con el plazo a pesar de "algunas dificultades".

El Consejo Fiscal ha advertido este miércoles, no obstante, de la imposibilidad de cumplir con la LECrim. "La actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales", ha señalado este órgano consultivo presidido por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

El ministro Rafael Catalá y Consuelo Madrigal tienen previsto reunirse este jueves para analizar la situación actual de la revisión de las causas. Sobre este punto, Justicia ha reconocido el esfuerzo del Ministerio Público y ha recordado que reforzó con 80 plazas a las fiscalías para cumplir la LECrim.

INSTRUCCIÓN DE LAS CAUSAS

En un comunicado, el Consejo Fiscal ha explicado que el problema surge por la falta de atribución definitiva de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal. "La Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye al titular del órgano jurisdiccional la dirección de la instrucción y al Letrado de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales-, el impulso y la custodia de los procedimientos", lamenta el Consejo Fiscal.

Según el Consejo Fiscal, considerando los medios actuales, los términos del artículo 324 "resultan de difícil o imposible cumplimiento, máxime en ausencia de la prometida instrucción al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia".

Esta situación ha provocado un cruce de reproches entre la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia a cuenta de las responsabilidades de cada cuerpo en la revisión de las causas como complejas o no complejas. Este martes, la UPF remitió un informe a la Fiscalía General del Estado en el que asegura que es imposible cumplir con el plazo indicado del 6 de junio. En este sentido, señala que una de las causas de la imposibilidad de cumplir el mandato legal es la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de Justicia.

Añaden los fiscales que, con la información disponible, las fiscalías "no pueden conocer el cambiante volumen de asuntos pendientes en los juzgados españoles, datos que sólo constan en cada uno de ellos de modo que no es posible asegurar con certeza que a 6 de junio se hayan revisado todas las causas en tramitación, ni que el control pueda seguir realizándose en el futuro de manera completa".

Este asunto ya fue tratado en las últimas reuniones del Consejo Fiscal -- las del pasado 16 de marzo y 25 de abril-- después asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) mantengan su queja por la carga de trabajo que esta clasificación les ha supuesto tras la recepción de los Oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado en relación con el plan de control de las causas.

Por ello, el Consejo Fiscal concluía su comunicado del miércoles, señalando la necesidad de que "se adopten las medidas adecuadas para corregir esta situación", si bien sin apuntar cual pueden ser éstas.

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