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28/03/2024. 19:41:42

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EL ATESTADO DE UN DETENIDO INCLUYE INFORMACIÓN PERSONAL DEL LETRADO QUE ÉSTE DESIGNÓ

La Abogacía respalda al letrado criminalizado por la Policia por haber defendido a imputados de grupos antisistema de extrema izquierda

El Consejo General de la Abogacía y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid han expresado su apoyo —y el más absoluto rechazo a la conducta de la Policía Nacional— al abogado que, tal y como denuncia la Asociación Libre de Abogados, habiendo sido expresamente designado por un detenido para que le prestara asistencia letrada, se encontró que el atestado policial recogía numerosa información privada y personal sobre él mismo y una recomendación al futuro Juzgado encargado de instruir los hechos de valorar la imputación del propio letrado por un delito de asociación en organización criminal.

Libros, balanza, maza e imagen de la justicia

Al iniciarse esta semana se conocía el gravísimo ataque ético y profesional sufrido por el abogado Erlantz Ibarrondo Merino durante la asistencia letrada a un detenido ante la Brigada Provincial de Información de Madrid, gracias a la denuncia de la Asociación Libre de Abogados (ALA).

El letrado, designado expresamente por el detenido para su defensa, se encontró al acceder al atestado policial realizado por la Brigada de Información que en éste constaba numerosa información privada y personal sobre él mismo, incluyendo -además de una recomendación hecha al futuro Juzgado encargado de instruir los hechos de valorar la posibilidad de imputar al letrado por un posible delito de asociación en organización criminal– una serie de afirmaciones carentes de valor para la averiguación de los hechos por los que se detuvo al cliente, tales como

  • "Es conocido por haber defendido a varios imputados de grupos antisistema de extrema izquierda…"
  • "Entre sus clientes ha estado el franco-español […], ultra del Olympique de Marsella que agredió a un policía durante el transcurso de un partido que enfrentó al equipo francés con el Atlético de Madrid".
  • Otro de los casos en los que este letrado actúa como abogado de la defensa es el proceso abierto contra siete individuos que, durante el transcurso de una manifestación "antifascista" en el centro de Madrid, fueron detenidos tras atacar la Unidad Integral de la Policía Municipal de la calle Montera.
  • "… ha iniciado una trayectoria política en varios partidos como Madrid es Castilla y en Iniciativa Internacionalista, la lista abertzale de Alfonso Sastre en las elecciones europeas de 2.009…"

Como ha denunciado ALA, este contenido supone un ataque frontal tanto a la labor del abogado como a la defensa del propio detenido, además de suponer una violación de los límites constitucionales impuestos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque:

  • Identifica a la persona del letrado con su defendido y con los presuntos delitos por éste cometidos, algo expresamente prohibido en nuestro ordenamiento y en los tratados internacionales al respecto.
  • Vulnera la presunción de inocencia del detenido al hacerle sospechoso por el mero hecho de haber designado un abogado particular concreto para su defensa.
  • Revela la más que probable existencia de archivos ilegales de información con datos y circunstancias personales de abogados sospechosos por razón de las defensas asumidas.
  • Obstaculiza el derecho a la asistencia letrada mediante maniobras de amedrentamiento al letrado implicándole sin pruebas en la comisión de delitos.
  • Excede la labor de los cuerpos de seguridad sugerir a las autoridades judiciales la supuesta comisión de delitos por parte de los letrados, en especial siendo perseguibles de oficio, puesto que deberían de haber actuado conforme a su estatuto y funciones.
  • Pretende crear en el Juez instructor y en el Fiscal de la causa judicial unos estados anímicos concretos en contra del abogado defensor.

Ahora, tras la denuncia de estos hechos por ALA, cuya Comisión de Defensa de la Defensa remitió sendas comunicaciones al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Consejo General de la Abogacía Española CGAE), reclamando el amparo del abogado Erlantz Ibarrondo y que requieran de la manera más firme y tajante al Ministerio del Interior para que cese y elimine en caso de existir -y depure responsabilidades- los listados de "abogados sospechosos por razón de sus clientes o las causas de sus clientes", llega el apoyo unánime al letrado y la condena y repulsa por las actuaciones ilegales practicadas por la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía, de numerosos compañeros y organizaciones de letrados y del ICAM y CGAE

El Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del ICAM de 4 de marzo que se trasladará a Interior, la Delegación de Gobierno de Madrid y Defensor del Pueblo:

  • Concede el amparo
  • Protesta formalmente ante la Delegación de Gobierno por las actuaciones que "atentan gravemente al debido respeto a la profesión, a su libertad e independencia"
  • Solicita una investigación sobre los hechos e información sobre la existencia de listados de letrados diferentes a los confeccionados por los Colegios
  • Solicita que se instruya a todas las comisarías para que en ninguna de las actuaciones en las que interviene un abogado se le identifique o califique en relación con las causas que defiende.

El CGAE, según ha informado su Presidente, Carlos Carnicer, ha enviado al Ministerio del Interior de una comunicación formal exigiendo información detallada sobre los hechos denunciados por ALA, y considera que la abogacía no puede permanecer indiferente ante unas prácticas policiales  que suponen no solo un atentado a principios básicos de un Estado pleno de Derecho como son el derecho de defensa, el derecho a la presunción de inocencia, a la libertad e independencia tanto del abogado en su ejercicio como del detenido para escoger al letrado de su confianza sino que revelan en la fuerza pública prácticas ocultas, manejo clandestino de información privada de los ciudadanos, la existencia de investigaciones criminales sin supervisión judicial y el uso indebido de la autoridad para amedrentar a los ciudadanos y los letrados que ejercen su defensa.

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