Cándido Conde-Pumpido afirma que los ciudadanos no se verán afectados en sus desplazamientos aéreos por los intereses de "una minoría". El sindicato mayoritario de controladores sostiene que AENA incumple los estudios epidemiológicos que manda la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que desconoce lo que está sucediendo a su personal.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer en Santander que la Fiscalía investigará el incremento de las bajas laborales de los controladores aéreos y ha reiterado que garantizará que los ciudadanos no se vean afectados en sus desplazamientos por los intereses de “una minoría”. Así lo indicó en un encuentro con los medios de comunicación previo al Seminario “La crisis de la Justicia en España”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que recordó que la Fiscalía ya ha actuado en otras ocasiones en situaciones que afectaban al funcionamiento de los servicios públicos.
El elevado número de bajas laborales de los controladores aéreos sobre todo en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Gavá (Barcelona), donde ayer faltó la cuarta parte del personal, y la práctica certeza por parte del Ministerio de Fomento de que se trata de una huelga encubierta ha llevado por una parte a que se ponga sobre la mesa la incorporación de personal de Defensa para hacer las labores que el personal civil lleva a cabo cotidianamente, la entrada de la inspección de la Seguridad Social-por el momento difícil, al no superar cinco jornadas dichas bajas- y la entrada de la Fiscalía.
Ayer, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Cándido Conde-Pumpido confirmó que los hechos serán investigados por la Fiscalía. En este sentido, puso como el ejemplo la invasión de las pistas del aeropuerto de El Prat (Barcelona) en el que se abrió un procedimiento que se saldó con algunas condenas; la huelga de camioneros, que afectó a la actividad de los transportes públicos y, recientemente, el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid.
Postura de los controladores
La Unión Sindical de Controladores aéreos, USCA, niega que el colectivo esté realizando ninguna acción de presión contra las medidas adoptadas por AENA para cumplir la Ley 9/2010, que regula los servicios de Tránsito Aéreo.
USCA sostiene que existe una relación directa entre las bajas producidas desde la publicación de la Ley 9/2010 por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo y las condiciones en que se está prestando el servicio, las cuales incluyen jornadas mensuales de 30 días de trabajo: éste es el caso de los servicios nombrados en el mes de julio a un controlador aéreo del Aeropuerto de Málaga, hecho que ha sido denunciado ante la inspección de trabajo y del que el Presidente de AENA tiene noticias.
Por parte del sindicato, además, se han presentado denuncias ante OACI (Organización Internacional de Aviación Civil) y Eurocontrol por "lo irregular de la situación del control aéreo en España, incluyendo las fallas en seguridad, los turnos abusivos publicados y las irregularidades en distintos aeropuertos españoles". Los controladores atestiguan evacuaciones médicas en el puesto de trabajo, cuadros de arritmia y de ansiedad, subidas de adrenalina y casos de depresión.
Volvemos a lo que planteamos cada vez que la actualidad se impone: ¿Para cuándo la Ley de Huelga?
