La Fiscalía ha recomendado evitar la criminalización de conductas que sean consecuencia de la situación «desesperada» de su autor, que «sigue sufriendo en sus carnes las gravísimas consecuencias» de la crisis económica, tal y como señala la Memoria entregada ayer durante la apertura solemne del Año Judicial en el Tribunal Supremo, presidida por el rey Felipe VI y con presencia de las primeras autoridades de España. Por contra, ha apostado por «extremar el rigor» en la persecución de aquellas actividades defraudatorias que causen la pérdida de puestos de trabajo o perjuicios a pequeños ahorradores.
Así se expresa en la Memoria correspondiente al año 2013 hecha pública este miércoles en sede del Tribunal Supremo por parte del Fiscal General del Estado con ocasión de la apertura del Año Judicial, en la que advierte de que, aunque los últimos datos macroeconómicos "parecen permitir algo más de optimismo", lo cierto es que una "importante" cantidad de la población padece todavía el paro, los desahucios y otras carencias.
El Ministerio Público observa una consolidación en la tendencia a la baja de los procedimientos incoados por defraudación de IRPF, mientras que constata un aumento "no excesivamente significativo" pero sí "apreciable" en las defraudaciones de IVA y sociedades. La situación económica también ha provocado un aumento en el número de delitos societarios.
"Clima de penuria económica"
En este sentido, el departamento dirigido por Eduardo Torres-Dulce avisa de que incluso conductas como el robo violento se han visto incrementadas "artificialmente" a través de simulaciones, que "movidas por un clima de penuria económica", llevan a presentar denuncias con el objeto de cobrar indemnizaciones a través de pólizas de seguro.
"El consenso de las distintas Fiscalías en que la crisis económica actúa como inequívoco motor de muchos de estos delitos y causa clara de concretos repuntes de delincuencia", resume. La simulación del delito era "marginal" hace años, pero ahora ha experimentado un notable incremento del 25% en las calificaciones.
Además, pone de relieve el incremento del 19% en las incoaciones y del 34% en las calificaciones por delitos de usurpación y los vincula también a la coyuntura económica. "Se sigue detectando que muchas conductas se dirigen contra el parque acumulado de viviendas de algunas entidades financieras, que permanecen sin ocupar, sin detectarse que respondan a actuaciones grupales u organizadas, sino que se trata de familias que desalojan la vivienda tan pronto como se realiza el requerimiento judicial", explica.
Beneficios, atenuantes y conformidades en corrupción
La Memoria aboga por aumentar la especialización al tratar los delincuencia económica y recoge las principales preocupaciones de los fiscales jefes en la Sección de Delitos Económicos. Por ejemplo, el fiscal de Sevilla lamenta la "continua renovación" que se viene produciendo entre los componentes de la sección, lo que ocasiona "graves perjuicios" en su funcionamiento.
Desde Almería, se lamenta la "generalizada" concesión de beneficios de suspensión de condena en las "escasas" ocasiones en que se dictan por delito fiscal, mientras que en Málaga aprecian "cierto automatismo" en la aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas.
La Fiscalía de Navarra reseña un aumento del número de conformidades en los delitos contra la Hacienda Pública, al tiempo que el fiscal de Álava expresa su preocupación la absolución desde la Audiencia Provincial de supuestos de blanqueo de capitales cuando las organizaciones utilizan a "mulas".
Fiscalía anticorrupción
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha intervenido en 312 procedimientos judiciales en 2013, de los cuales 68 se siguen por defraudaciones, insolvencias punibles y delitos relativos al mercado y los consumidores, 101 por delitos contra la Hacienda Pública, 131 por delitos contra la Administración Pública, 69 por blanqueo de capitales y 18 por delitos de asociación ilícita y organización criminal. Algunos de los procedimientos aglutinan varios ilícitos.
La Audiencia Nacional conoce 142 procedimientos, los juzgados de Cataluña 26, la Comunidad de Madrid 31, Málaga 56, mientras que diez se siguen en las Islas Canarias, uno en el Principado de Asturias, 14 en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha, seis en Sevilla , 24 en las Islas Baleares, cinco en Murcia, dos en Almería y uno en Zaragoza.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción asumió la competencia de 55 nuevos procedimientos penales, frente a 41 del año anterior, once de ellos derivados de la conclusión de diligencias de investigación de la propia Fiscalía, doce asignados en virtud de decreto del Fiscal General del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción ha recibido 1.940 comunicaciones el año pasado frente a las 1.468 del curso anterior; ha pasado de remitir 4.555 a 5.907 comunicaciones y ha incoado 19 diligencias de investigación frente a las 19 de 2012.
Según detalla, la práctica totalidad de las comisiones rogatorias se ha referido a delitos de blanqueo, participación en organizaciones criminales y delitos conexos como fraudes o falsedades. Se han centrado en investigaciones patrimoniales e información bancaria.
Andorra ha solicitado en siete ocasiones información, Italia en cuatro, Rusia en cuatro, Portugal, Francia y Reino Unido en dos, aunque Luxemburgo, República Checa, Países Bajos, Letonia, Estados Unidos, Argentina, Perú y Venezuela también figuran en la lista de países requirentes.
