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La Fiscalía presenta recurso de alzada contra la sanción al juez Tirado

25 de Septiembre de 2008
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El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, presentó ayer ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial un recurso de Alzada contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria que impuso una sanción de 1.500 euros al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por la tardanza en ejecutar una sentencia por abusos sexuales al presunto asesino de Mari Luz Cortés.

El Ministerio Fiscal entiende que la conducta del juez Tirado es constitutiva, bien de la desatención, bien del retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas, conducta que está tipificada como falta muy grave, por lo que solicita que se le imponga la sanción por tiempo de tres años.

El pasado día diez se conoció que la Comisión Disciplinaria del CGPJ había impuesto una sanción económica al juez Rafael Tirado. En el escrito presentado ayer, el Fiscal solicita al CGPJ que imponga al Juez Tirado la sanción de suspensión por tres años por la comisión de una falta muy grave del art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la postura que ha tenido desde que se estaba instruyendo el expediente administrativo.

La Fiscalía, efectivamente, presentó en su día un escrito de alegaciones en el que consideraba que los hechos investigados podían constituir la infracción "muy grave", recogida en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, podría imponerse la suspensión por hasta tres años, su traslado forzoso a otro juzgado a cien kilómetros de su actual sede, e incluso la expulsión de la carrera judicial.

El Ministerio Público analizó en su informe que, una vez que el magistrado denegó la suspensión de la condena a Santiago del Valle y dictó el auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado al no ser localizado, el juez, durante más de dos años, "no adoptó ninguna resolución de búsqueda", "ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión". Además, observó que lo oportuno hubiera sido una orden de busca y captura inmediata, y no la medida que se adoptó, que fue una orden de averiguación. La busca y captura se dictó únicamente en marzo de este año, mientras que desde el 9 de octubre de 2007 la Fiscalía estaba notificada oficialmente de la desaparición del imputado.

El escrito de alegaciones contó además con un  informe que la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, elevó en el mes de marzo; donde puso en conocimiento del Ministerio Público que Santiago del Valle se estuvo presentado con regularidad los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial en cumplimiento de las medidas cautelares que le impuso el juzgado de instrucción 8 de Sevilla por tocamientos a una menor a finales del año 2006; mientras que el juzgado penal 1 de Sevilla, cuyo titular es Tirado, lo tenía en paradero desconocido.

El procedimiento contaba con un primer informe, redactado en el mes de abril por el jefe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, José María Gil Sáez, la falta atribuida a Tirado se calificó de "muy grave", con una triple argumentación:

  • pasividad
  • dejación de funciones
  • ausencia de control de la actividad desarrollada por los funcionarios del juzgado

En esta temporada, sin embargo, se está contemplando la mejora de la Guía de Criterios del Servicio de Inspección de los Juzgados

Pero el juez instructor del expediente disciplinario, el magistrado Wenceslao Olea Godoy, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, propuso que se sancionase a Tirado por una falta grave de "retraso injustificado" en la tramitación de la ejecución de la condena de dos años y nueve meses impuesta a Santiago del Valle por abusar de su propia hija, que viene sancionada con una multa que asciende entre 300 y 3.000.

Olea Godoy llegó a esta conclusión tras analizar la documentación del caso y oír tanto al propio juez como a los funcionarios del juzgado, quienes alegaron que el exceso de trabajo impidió un mayor control de la ejecución de la condena al pederasta. Concretamente, Rafael Tirado manifestó que tramitaba de 600 causas ejecutorias y que en los últimos dos años superó en más de la mitad los módulos de trabajo que el Poder Judicial fija como adecuados para períodos anuales.

En el escrito presentado ayer, el Fiscal explica que el juez sancionado "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba".

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