(EP).- La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, José Elpidio Silva, por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la propiedad individual en relación con sus actuaciones en el denominado «caso Blesa» contra el expresidente de Caja de Madrid.
La querella se presenta al encontrar la Fiscalía presuntamente irregulares varias de las decisiones adoptadas por el juez Silva en el marco de la investigación a Miguel Blesa por la presunta concesión irregular de un crédito a Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida, entre ellas la de enviarle a prisión incondicional el pasado 5 de junio.
La propia Audiencia de Madrid anuló el pasado 19 de junio la instrucción realizada por el juez Silva por el tema del crédito al considerar que el magistrado había convertido indebidamente el proceso contra Miguel Blesa en una "causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo". Dejó abierta sin embargo la puerta a que se sigan investigando los hechos relacionados con el City National.
En concreto, la Audiencia Provincial de Madrid acusó al juez Elpidio José Silva de interferir de forma "indiscriminada" en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y del ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán al solicitar sus correos electrónicos y el contenido de los emails que hubieran recibido o remitido.
La Sección 30, integrada por los magistrados María del Pilar Oliván, Rosa María Quintana e Ignacio José Fernández, resolvió seis recursos presentados por la defensa de Blesa, Díaz Ferrán y la Fiscalía contra las actuaciones llevadas a cabo por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 en la causa del crédito de 26,6 millones de euros concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán cuando era consejero.
Entre ellos, estima el recurso planteado por el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, contra la providencia en la que el juez ordenaba a los inspectores del Banco de España, al Servicio Ejecutivo de Infracciones Monetarias (Sepblac), a la Agencia Tributaria, a Bankia o a Caja Madrid que le remitieran informes sobre las operaciones de crédito otorgadas a ambos acusados, a sus hijos, esposas, socios o empresas.
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