El Consejo de Ministros aprobó ayer, no sin polémica en el seno de sus departamentos, el inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. Según informó el Ejecutivo al término de la mesa interministerial, esta Ley “recoge muchas de las demandas del movimiento feminista”, y “significará la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas”, así como “la erradicación de todas las violencias sexuales, reconociendo que afectan a las mujeres de manera desproporcionada”.
La futura ley, cuya tramitación se puede alargar más de un año, elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Así e, lugar de ser determinante que se determine si ha habido violación o intimidación prevalece que haya o no "voluntad expresa" para ejercer el acto sexual.
El texto sitúa por tanto el consentimiento sexual como eje para juzgar las agresiones sexuales e introduce delitos nuevos como el del "acoso ocasional", el conocido como acoso callejero. Su ámbito de aplicación comprende, sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, las violencias sexuales entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado.
Actos exteriores y concluyentes
Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.
El Ejecutivo afirma que esta Ley "será un referente internacional en materia de protección de las mujeres ya que las protege de todas las violencias sexuales". En ese sentido destaca su "carácter integral basado en la prevención, el acompañamiento y la reparación. Es clave en la Ley poner en el centro el consentimiento de la mujer, es decir la libertad sexual".
Con esta Ley además se da cumplimiento a las responsabilidades de España en el marco de la violencia de género fuera del ámbito de la pareja o expareja, en su deber de proteger y promover el disfrute de los derechos humanos de las mujeres.
Eso significa cumplir con las obligaciones que establecen los principales tratados internacionales y europeos de derechos humanos, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) o el Convenio sobre la Prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de Europa (Convenio de Estambul) ratificado por España en 2014.
De forma paralela, esta norma además dará cumplimiento a algunas de las medidas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017), mejorando el marco del propio Pacto, gracias a la integralidad de la norma.
