La Audiencia Nacional y la de Zaragoza dilucidan responsabilidades penales y civiles sobre la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas, en la que murieron 62 militares
La Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Zaragoza mantienen tres causas judiciales abiertas en las que se dilucidan posibles responsabilidades penales y civiles en el accidente del avión Yakovlev-42, del que este lunes, se cumplirán cinco años.
El siniestro, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), provocó la muerte de 62 militares españoles y 13 miembros de la tripulación que regresaban de una misión en Afganistán y se convirtió en la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
En la actualidad la Audiencia Nacional mantiene abiertas dos causas sobre este asunto, una que investiga las presuntas irregularidades que pudieron producirse en la contratación del aparato y otra que analiza los errores que se cometieron en la identificación de 30 de los 62 cadáveres. Por su parte, la Audiencia de Zaragoza dilucida por la vía civil la concesión de indemnizaciones a las familias de las víctimas.
TRILLO, SIN RESPONSABILIDAD PENAL
En lo que respecta al primer procedimiento, el juez Fernando Grande-Marlaska trasladó el pasado viernes un escrito al Tribunal Supremo en el que defendía que Trillo carece de responsabilidad penal en la contratación del Yak-42 porque no participó en esta tarea, que correspondió exclusivamente al Estado Mayor Conjunto (EMACON).
No obstante, el juez ha imputado a cinco mandos militares que se encontraban en la cúpula militar del Ministerio de Defensa cuando se produjo el accidente y que tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional los próximos días 23 y 24 de junio.
Se trata del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá; el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON), teniente general del Ejército del Aire Juan Luis Ibarreta; el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal corrigiera las actuaciones de archivo decretadas por Grande-Marlaska.
Desde ese momento comparecieron ante el magistrado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la responsabilidad de la contratación al EMACON; su sucesor en el cargo, José Bono, que aseguró que las quejas llegaron al jefe de gabinete del ministro; y otros cinco mandos militares.
También testificaron en la Audiencia Nacional el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".
IDENTIFICACIÓN DE LOS CADÁVERES
En la causa correspondiente a la identificación de los cadáveres, la Fiscalía acusará antes del próximo miércoles de un delito de falsificación de documento público, penado con multa y suspensión de cargo público de seis meses a un año, a los tres mandos militares que se encargaron de las tareas de repatriación de los cuerpos, según explicaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
El escrito de calificación que prepara el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, irá dirigido contra el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
Grande-Marlaska acordó el pasado 29 de abril la reapertura de la causa "por mandato de la superioridad" apenas unas horas después de que la Sala de lo Penal le obligara a adoptar esta medida. De la misma forma, pidió a las partes que solicitaran la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
En la vista de apelación, que se celebró el pasado 15 de abril, Burgos solicitó la reapertura de la causa, archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007, al entender que los mandos militares incurrieron en "dolo falsario" porque realizaron las identificaciones de forma "arbitraria" y a sabiendas de que eran "incorrectas".
De esta causa está excluido el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que fue imputado en un primer momento por la representación legal de los familiares de las víctimas pero no por el fiscal ni por el juez. Beltrán dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos.
CAUSA CIVIL EN ZARAGOZA
En la causa civil, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, Ángel Dolado, condenó en febrero de 2006 a la compañía aérea UM Air, a la contratista británica Chapman Freeborn y la aseguradora ucraniana Busin Join-Stock Insurance al pago de un importe total de cerca de 10 millones de euros.
No obstante, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza anuló más de un año después, en octubre de 2007, este fallo al estimar que el tribunal no emplazó correctamente a la compañía Chapman Freeborn, cuyos representantes no acudieron a la vista oral y fueron declarados en rebeldía.
La Audiencia acordó estimar la nulidad de las actuaciones y ordenó la retroacción del procedimiento al momento anterior a esta declaración en rebeldía para que se le otogara a la empresa el plazo de contestación establecido por la ley. En la actualidad el procedimiento se encuentra en los trámites previos a la repetición de la vista oral. El comienzo del nuevo juicio está fijado para el próximo 30 julio.
