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La Ley General de Telecomunicaciones se aprobará en los primeros meses de 2014

27 de Noviembre de 2013
  • El texto limita los impuestos que hacían pagar los ayuntamientos a las antenas de telefonía móvil.
  • Una sentencia reciente del Tribunal Supremo anuló el canon del 1,5% sobre los ingresos de las compañías que varios ayuntamientos crearon para las antenas de telefonía móvil puestas en zona pública.

Víctor Calvo Sotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ha dicho ayer en una presentación acerca de las “smart cities” organizada por la consultora Everis que la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones quedará aprobada a primeros de 2014 a pesar de todas las enmiendas que se están tramitando para el texto. Se modifica normativa de 2003 apostando por un marco regulatorio estable que elimine las barreras burocráticas, por recuperar la Unidad de Mercado, por la simplificación de las cargas fiscales para las empresas y por la eliminación o revisión de determinadas licencias sustituyéndolas por declaraciones de responsabilidad.

Legal Today


La reforma de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones obecede, aparte de a criterios técnicos, a la misma idea de fondo de la Ley de Unidad de Mercado de la que hablábamos el lunes, es decir, de ofrecer a los actores económicos una escenario seguro si quieren trabajar o invertir en España.

Dado que la reforma incide significativamente en las competencia que ayuntamientos y Comunidades Autónomas tenían en este campo en cuanto a licencias e impuestos, Víctor Calvo Sotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,  ha dicho ayer que el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones "respeta escrupulosamente" las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos, así como las del regulador.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones facilitará, al simplificar el régimen y eliminar tasas y trabas municipales, el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones y que los ciudadanos se beneficien de precios más competitivos.

La normativa, que modifica la vigente desde 2003, estructura un nuevo marco jurídico que permitirá que los operadores puedan desplegar redes y prestar servicios más fácilmente, lo cual redundará mejorará tanto los servicios a los ciudadanos como los precios a los que se les ofrecen.

Para alcanzar estos objetivos se impulsará la competencia, se recuperará la unidad de mercado y se pondrá freno a la dispersión normativa existente entre las distintas administraciones, se simplificarán los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico y se pondrán a disposición de los operadores los recursos necesarios para facilitar el despliegue de redes.

El texto buscará que se llegue realmente a un mercado único, fin para el que  simplificará los requisitos que existían para desplegar una infraestructura, tanto fiscales como urbanísticas; como de capacidad de penetración de los entes locales en la instalación de elementos como antenas de telefonía. En este sentido, una sentencia reciente del Tribunal Supremo anuló el canon del 1,5% sobre los ingresos de las compañías que varios ayuntamientos crearon para las antenas de telefonía móvil puestas en zona pública. Por ello, el texto establece un régimen fiscal con un sistema de liquidación centralizado que obligaría a que cualquier tributo que tenga que pagar operadora por una parte a una administración autonómica o local tenga que ser previamente aprobada por el Gobierno central.

Principales modificaciones respecto a la Ley de 2003

La consecución de los objetivos de la nueva Ley General de Telecomunicaciones se lleva a cabo a través de los siguientes cambios:

  • Impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios. Para ello se realizarán, de forma periódica análisis de los distintos mercados, lo que permitirá fijar en cada uno de ellos unas obligaciones específicas y unas condiciones de competencia más adecuadas a la situación real del mercado.
  • Se mejoran los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas.
  • Se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimento de las obligaciones de los operadores manteniendo los derechos de los usuarios.
  • Se simplifica la actuación de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones.
  • Se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental.
  • Se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
  • Se recupera la unidad de mercado, de manera que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda la geografía española. Mediante esta actuación se complementa y refuerza la ley de garantía de unidad de mercado desde la legislación sectorial. Como principales medidas: 
    • Se establecen requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites            máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio          nacional.
    • Simplificación administrativa: se eliminarán las barreras normativas que las distintas      Administraciones imponen al despliegue de redes y la prestación de servicios de       telecomunicaciones.
    • Se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro             radioeléctrico.
    • Se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de             telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.
  • Se facilita el despliegue de redes reduciendo los costes de manera que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes y dispongan de mayor margen para trasladar a los precios finales dicha reducción de costes.

Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados.

Otras modificaciones

La nueva Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico introduciendo precisiones sobre las cookies. En este apartado, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión, como por ejemplo las redes publicitarias o agencias que no hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario. 

El texto cambia a su vez la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de 5 años, y no de 2 años como hasta ahora.

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