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A ESPAÑA LE EXIGE MODIFICAR EL IMPPUESTO DE SUCESIONES DE ÁLAVA Y VIZCAYA POR NO RESPETAR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES

La mayoría de procedimientos de infracción iniciados por Bruselas contra los estados en febrero se refieren a incumplimientos en materia fiscal

1 de Marzo de 2013

La Comisión Europea ha emprendido en febrero acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE, adoptando 151 decisiones, incluidos 15 dictámenes motivados y 13 recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en dos casos incluyen multas. Las decisiones, que abarcan numerosos sectores, con especial relevancia del ámbito de fiscalidad y aduanas por un lado, y de salud y consumo por otro, pretenden garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

Legal Today


PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN EMPRENDIDOS POR LA COMISIÓN EUROPEA

Recursos de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia con multas

  • (Medio ambiente) Vuelve a demandar a GRECIA por sus vertederos ilegales. En 2005 el Tribunal falló que Grecia no estaba adoptando medidas suficientes para el cierre y rehabilitación de vertederos ilegales; ahora y ante la falta de avances, la Comisión vuelve a remitir el asunto al TJUE y sugiere una multa coercitiva diaria de 71.193 € por cada día que transcurra desde la segunda decisión del Tribunal hasta que Grecia cumpla la sentencia y 7.786 € diarios por el periodo entre la primera sentencia y la fecha de cumplimiento o la fecha de la segunda decisión del Tribunal.
  • (Medio ambiente) Vuelve a demandar a SUECIA por no otorgar permisos a instalaciones industriales en funcionamiento que carecen de ellos: a pesar de una sentencia anterior a este respecto, Suecia todavía no ha concedido licencias a dos grandes instalaciones industriales, por lo que Bruselas sugiere una multa coercitiva diaria de 14.912 € por cada día que transcurra desde la segunda decisión del Tribunal hasta que Suecia cumpla la sentencia y 4.893 € diarios por el periodo entre la primera sentencia y la fecha de cumplimiento o la fecha de la segunda decisión del Tribunal.

Otros recursos de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia

  • (Transporte por carretera) Demanda a AUSTRIA, FINLANDIA y POLONIA por no aplicar a los conductores autónomos las normas de la UE sobre el tiempo de trabajo: no han comunicado sus medidas nacionales de transposición para dar pleno cumplimiento a la Directiva 2002/15/CE sobre ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera (y que España acaba de transponer recientemente).
  • (Fiscalidad) Demanda a FRANCIA y a LUXEMBURGO por aplicar el tipo reducido del IVA aplicado a los libros digitales: la legislación de la UE muy clara y considera que el suministro de libros digitales es un servicio prestado por vía electrónica y que este tipo de servicios están excluidos de la aplicación de un tipo reducido.
  • (Fiscalidad) Demanda a BÉLGICA en relación con una reducción fiscal discriminatoria favorable a los residentes fiscales en Valonia: el impuesto sobre la renta de las personas físicas puede reducirse al adquirir acciones o bonos del fondo de inversión de Valonia, reducción que se aplica exclusivamente a los residentes en Valonia. La Comisión es de la opinión de que excluir de esta reducción a los no residentes que obtienen sus ingresos en Valonia es discriminatorio y restringe la libre circulación de los trabajadores que contemplan los Tratados de la UE.
  • (Pensiones) Demanda a los PAÍSES BAJOS por no haber comunicado sus medidas para evitar la discriminación que sufren los pensionistas que viven en el extranjero a la hora de percibir una prestación para contribuyentes de edad avanzada, derivada de una condición discriminatoria que impone el Derecho neerlandés para acceder al subsidio de poder adquisitivo destinado a contribuyentes de edad avanzada (koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen).
  • (Medio ambiente) Demanda a POLONIA por no haber incorporado correctamente la legislación europea en materia de aguas: la legislación polaca en la materia presenta deficiencias en cuanto a la transposición de algunas definiciones de la Directiva y lagunas en la incorporación de los anexos.
  • (Interoperabilidad de los ferrocarrile) Demanda a ESLOVENIA por no haber comunicado las medidas nacionales de transposición de una Directiva sobre interoperabilidad del sistema ferroviario -la Directiva 2011/18/UE que introduce cambios en la Directiva 2008/57/CE, cuya fecha límite de aplicación era el 31 de diciembre de 2011.
  • (Fiscalidad) Demanda al REINO UNIDO por su tipo reducido del IVA para el suministro e instalación de materiales que permiten ahorrar energía, ya que no se circunscribe a lo permitido en la Directiva del IVA.

Dictámenes motivados de la Comisión Europea

  • (Transporte aéreo) Pide a ESPAÑA que ofrezca garantías en cuanto a la independencia del coordinador de franjas aeroportuarias: España debe notificar en el plazo de dos meses las medidas necesarias para dar cumplimiento a normas comunes de la UE sobre asignación de franjas horarias en los aeropuertos. El coordinador de franjas -responsable de asignar las franjas horarias de aterrizaje y despegue de forma transparente, imparcial y no discriminatoria- es un pilar esencial en un sistema que permita la competencia leal.
  • (Fiscalidad) Pide a ESPAÑA que modifique las normas en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones en los Territorios Históricos de Álava y Vizcaya, ya que no se ajustan a la libre circulación de capitales. En virtud de esa legislación, la deuda pública emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales y las Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos recibe un trato fiscal preferente. Ello significa que, en caso de herencia, los títulos de deuda pública de dichas administraciones se gravan en menor medida que otros títulos similares. Ese tratamiento fiscal establece una discriminación respecto de las inversiones en deuda pública emitida por otros Estados miembros de la UE o por los países del EEE. La petición de la Comisión se hace en forma de dictamen motivado. Si la legislación no se adapta en el plazo de dos meses, la Comisión podrá llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.
  • (Fiscalidad) Insta a BÉLGICA a modificar las normas por las que se rige el régimen de capital de riesgo denominado Winwinlening, que otorgan una reducción fiscal a los créditos concedidos por los residentes en Flandes a las empresas establecidas en esa región. Sin embargo, los no residentes que reciben sus ingresos en Bélgica no tienen derecho a esa reducción, por lo que la Comisión considera que las normas fiscales belgas son contrarias a la libre circulación de los trabajadores y a la libertad de establecimiento contempladas en los Tratados de la UE.
  • (Fiscalidad) Insta a BÉLGICA a revisar su legislación porque contempla una retención sobre los intereses abonados a las sociedades de inversión extranjeras y sobre los intereses correspondientes a los títulos depositados o anotados en cuenta en instituciones financieras situadas fuera de Bélgica, y sin embargo, los intereses abonados a sociedades de inversión belgas o correspondientes a títulos depositados o inscritos en organismos financieros establecidos en Bélgica están exentos de retención, lo que constituye una restricción injustificada de la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales que establecen los Tratados europeos.
  • (Fiscalidad) Insta a POLONIA a que cambie su legislación sobre el tipo reducido del IVA aplicable a los productos de protección contra incendios, ya que no se circunscribe a lo permitido en la Directiva del IVA
  • (Pensiones) Insta a RUMANÍA a que abone pensiones a los ciudadanos griegos por el tiempo de trabajo prestado en ese país, aunque hubieran trabajado en Rumanía antes de su adhesión a la Unión Europea.
  • (Fiscalidad) Insta a RUMANÍA a que modifique el trato fiscal discriminatorio que aplica a las empresas extranjeras con varios establecimientos en el país, pues la legislación rumana impide que los sujetos pasivos extranjeros consoliden los resultados de todos sus establecimientos en Rumanía, algo que equivale a una desventaja de tesorería o un mayor nivel de imposición para la persona jurídica extranjera.
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