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La nueva Ley de Demarcación y planta “provincializará” la Justicia

24 de Septiembre de 2013
  • El PSOE denuncia que la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial vaya a centralizar y a alejar la justicia de los ciudadanos, con el pretexto de un supuesto ahorro.

Otra de las reformas en las que se está trabajando en el Ministerio de Justicia -ya ha entrado en la rueda parlamentaria el Código Penal, y dentro de poco le tocará el turno a la Ley Procesal Penal- es la de la Ley de Demarcación y Planta. Fundamentalmente se trasforma el primer escalón del sistema jurisdiccional superando el partido judicial estanco como base del modelo y creando órganos colegiales desde la primera instancia. En definitiva se trata de estructurar los tradicionales juzgados en Tribunales, con los jueces que se estime necesario, bajo la coordinación de un Presidente, que en este nuevo diseño adquiere una importancia capital, y la asistencia a todos ellos de una Oficina Judicial que es en este contexto en donde alcanza todo su sentido.

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La propuesta es establecer tribunales de instancia como nuevos órganos judiciales de primer grado en todos los órdenes jurisdiccionales. Al ser de ámbito provincial (salvo en Madrid y Barcelona), no coincidirán con los actuales partidos judiciales, diseñados en el siglo XIX conforme a los transportes y comunicaciones existentes en ese momento. Pero eso no implicará en modo alguno la desaparición o cierre de los juzgados actualmente existentes en los distintos municipios, porque no quedará ninguna infraestructura sin utilizar (se aprovecharán todas las ya existentes).

Los Tribunales de Instancia sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales. Ello facilitará la decisión colegiada sobre determinados asuntos por los integrantes de cada sección, lo que supone un avance para unificar criterios judiciales.

Los nuevos tribunales de instancia reunirán a los jueces de cada partido judicial divididos por secciones ( instrucción, civil, penal, social etc.). A su cabeza estará un Presidente, sustituyendo a la figura actual de Decano. Este Presidente será elegido entre los jueces por cuatro años.

En la nueva organización los servicios que originariamente asistían a los distintos juzgados asistirán ahora al conjunto de jueces y magistrados integrados en un Tribunal de Instancia. De este modo, el incremento de jueces podrá producirse con independencia del resto de personal asistente, lo que proporcionará mayor rapidez y evitará costes innecesarios.

Cada tribunal de instancia, según la propuesta de los expertos, deberá contar con cuatro salas: una por cada orden jurisdiccional. Dentro de cada una de ellas habrá unidades judiciales y secciones, que serán equivalentes, respectivamente, al juez unipersonal y al colegio de jueces. Habrá quien actúe como juez de Instrucción, juez de Vigilancia Penitenciaria, juez de Menores y juez de lo Penal. El objetivo es que los tribunales de instancia asuman todas las competencias que hoy día corresponden a los Juzgados y, en primera instancia, las Audiencias Provinciales.

Contra esta nueva Ley

El partido socialista va a actuar en todo el territorio nacional y a todos los niveles institucionales, presentando proposiciones no de ley en los parlamentos autonómicos, así como mociones en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos y cabildos Insulares, según una iniciativa que ha sido coordinada por el Secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando.

Además, con su propuesta "el Gobierno incumple el artículo 152.1 de la Constitución Española, además del art. 35 de la LOPJ que le obliga a recabar informes sobre la propuesta a las distintas CC.AA. y contar con la opinión de las mismas para elaborar el Anteproyecto; además a unir luego al Proyecto de ley que presente a las Cámaras las propuestas de las Comunidades Autónomas".

En las PNL que presentará el PSOE a nivel autonómico, los socialistas afirman que la propuesta del Gobierno pone en "serio riesgo" la pervivencia del servicio público de la Justicia, especialmente en el medio rural", pero advierten de cómo afectará también "al ámbito urbano, pues la demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia, salvo en Madrid y Barcelona". Esto conllevará "la desaparición de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones, convirtiéndolos en poco más que sedes administrativas".

Los socialistas acusan también al ministro Gallardón de faltar a su palabra cuando el pasado 9 de julio en Valladolid dijo que no se suprimirá ninguna sede judicial en España, ya que de llevarse a cabo su propuesta, las sedes judiciales pasarían a estar radicadas solo en las capitales de provincia, lo que significa "centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos" e impedir que se facilite la tutela judicial. Por ello, las mociones que en los ayuntamientos presente cada Grupo Socialista van a incluir la petición de que "se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia", "suprimiendo que su ámbito sea provincial" y "dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia".

Además abogarán porque se "mantengan las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y buscando el consenso en las nuevas demarcaciones, como pueden ser los tribunales de base o primer grado". Otra propuesta será la de "implantar los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público".

¿Quiere leer el texto de la nueva Ley de Demarcación y Planta sobre el que se trabaja en el Ministerio de Justicia?

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