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La nueva Ley de Protección Civil armoniza a nivel nacional la gestión de emergencias, y encuadra la participación y formación del voluntariado

1 de Septiembre de 2014

La mesa interministerial aprobó el pasado viernes, 29 de agosto, el Anteproyecto de Ley de Protección Civil. La nueva norma busca unificar y mejorar el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes. Además, perfecciona el cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional para afrontar las situaciones de emergencia con efectividad y hace cumplir el principio de solidaridad interterritorial. Los voluntarios adquirirán un carácter más identificable al dar la Ley un estatus concreto a su formación y eventual participación en emergencias y catástrofes.

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Soraya Sáenz de Santamaría y Jorge Fernández Díaz. Ampliar Imagen

Uno de los fines principales del Anteproyecto de Ley de Protección Civil es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de Protección Civil, y regular las competencias propias de la Administración General del Estado en la materia.

Dicho Sistema Nacional de Protección Civil integrará la actuación de las Administraciones Públicas para garantizar una respuesta coordinada mediante la prevención de riesgos colectivos, la planificación de medios para afrontarlos, la intervención inmediata en caso de emergencia, el restablecimiento de infraestructuras y servicios esenciales y el seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico. Los voluntarios que intervengan en las acciones de Protección Civil habrán tenido una formación específica que garantizará su seguridad y el provecho de dicha intervención en la resolución de las emergencias y catástrofes.

La estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil, por su parte, analizará los riesgos que pueden afectar a personas y bienes y las capacidades de respuesta y formulará líneas estratégicas de actuación. Sus líneas básicas se aprobarán por la Comisión Nacional de Protección Civil y se revisarán cada cuatro años.

La estrategia nacional de Protección Civil integrará las actuaciones de la Administración General del Estado y estará en línea con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Se aprobará por el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministro del Interior.

Novedades principales del Anteproyecto de Ley de Protección Civil

El texto aprobado en Consejo de Ministros:

  • Regula la estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil.
  • Establece instrumentos que inciden en el objetivo prioritario de prevención, como:
    • Red Nacional de Información sobre Protección Civil.
    • Red de Alerta Nacional de Protección Civil.
    • Fondo de Prevención de Emergencias.
  • Regula las emergencias de interés nacional.
  • Establece con precisión las competencias de la Administración General del Estado.
  • Junto a la Administración General del Estado y a las Administraciones autonómicas, incorpora a la Administración Local, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (la administración local no tiene en la legislación vigente representación oficial, si bien vienen asistiendo a las reuniones de manera informal).
  • Mejora el cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea e internacional para afrontar de la manera más rápida y eficaz las situaciones de emergencia.
  • Contiene un completo régimen sancionador, con listado de infracciones, que podrán ser muy graves, graves o leves, y las consiguientes sanciones. La cuantía de las sanciones no cambia, quedando de esta manera:
    • Infracciones muy graves: de 30.001 a 600.000 euros
    • Infracciones graves: de 1.501 a 30.000 euros
    • Infracciones leves: hasta 1.500  euros
  • Excepcionalmente se podrán adoptar medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento sancionador, en los supuestos de amenaza inminente para personas o bienes:
    • Depósito en lugar seguro de objetos o materias peligrosos.
    • Clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos.
    • Suspensión parcial o total de las actividades en los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad necesarias.
  • Facilita la participación y la formación del voluntariado
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