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La patronal de la energía eólica presenta alegaciones al Anteproyecto de Ley del sector eléctrico, a cinco Reales Decretos y a la Orden de peajes

5 de Agosto de 2013
  • Pide la retirada del anteproyecto de ley y de la propuesta de real decreto sobre renovables, "que contravienen la normativa española y comunitaria" según la AEE.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado alegaciones ante la Comisión Nacional de la Energía al Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, a la propuesta de Orden de Peajes y a cinco propuestas de reales decretos porque todos ellos le afectan. La suma de los impactos de toda esta normativa más el Real Decreto-Ley 9/2013 –que ya ha sido convalidado por el Parlamento– podría convertir a la eólica en la tecnología más afectada por la reforma energética si el Gobierno no establece los parámetros de manera adecuada.

Legal Today


La Asociación Empresarial Eólica considera que la reforma energética presentada en el mes de julio "se trata de una reforma retroactiva, discriminatoria, y arbitraria, que introduce nuevos elementos de incertidumbre y de inseguridad jurídica, y que es muy injusta con el sector eólico". El Real Decreto-Ley 9/2013 y la propuesta de Real Decreto sobre renovables cambian radicalmente las reglas del juego para el sector, y así se lo ha hecho saber AEE a la CNE en sus alegaciones:

  • Se elimina por completo el sistema de retribución bajo el que se realizaron las inversiones y se pretende compensar con un "complemento a la inversión" basado en un criterio ligado a las obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, "ajeno al criterio inversor y regulador aplicado en los países occidentales, basado en el coste medio ponderado del capital" (WACC, según sus siglas en inglés).
  • Este complemento se aplica no a las inversiones nuevas, sino a toda la vida útil de las instalaciones existentes, por lo que la eólica lo ve como retroactivo y discriminatorio, al no aplicarse a ningún otro coste regulado.
  • La alegación se complementa con que no se respetan los criterios de rentabilidad razonable establecidos por el Real Decreto 661/2007, y se ignoran los numerosos informes en los que la CNE ha reiterado que la remisión al WACC es necesaria para garantizar un retorno a lainversión, así como las disposiciones de los diferentes planes de fomento de las energías renovables lanzados desde el año 2000.
  • Algunas instalaciones, entre ellas algunas de las más eficientes, podrían no tener derecho a percibir más incentivos durante su vida útil por haber superado ya ese nuevo umbral de supuesta rentabilidad razonable, contra lo que esperaban legítimamente las empresas cuando se arriesgaron a realizar la inversión al amparo de una regulación diferente y en un momento en que el sector estaba muy lejos de la madurez.
  • Se penaliza la eficiencia y la competitividad de la eólica, ya que el modelo le perjudica más que a ninguna otra tecnología por haber sido la primera en arriesgar e invertir en una tecnología autóctona e innovadora y por ser la más sensible a las variaciones del precio del mercado.
  • La normativa propuesta no fija los estándares para calcular la retribución (que se fijarán más adelante en una Orden Ministerial) con lo que, al menos hasta finales de 2013, nadie sabe lo que va a percibir un parque ya instalado ni este año ni en adelante.
  • Desaparece el Régimen Especial y todas las medidas de fomento a las energías renovables que impone la Directiva europea.

Asimismo, el sector se ve afectado por otra batería de normas, a las que también ha alegado por considerar que están destinadas a reducir el incentivo a la inversión en tecnologías limpias y autóctonas, como la eólica:

  • El Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico implica, entre otras muchas cosas, que el sector tendría que hacerse cargo -al igual que otros costes regulados- de los desvíos futuros del déficit de tarifa.
  • La propuesta de Real Decreto sobre territorios extrapeninsulares establece que se podrán hacer nuevas instalaciones en Canarias bajo un sistema de subastas. En la práctica, lo más probable es que no haya nuevas inversiones en eólica en las islas, debido a la enorme inseguridad jurídica a futuro generada por esta Reforma Energética.
  • La propuesta de Real Decreto sobre interrumpibilidad establece que el coste de este servicio (que hace años que no se utiliza y ha perdido sentido) recaería ahora en parte sobre la eólica.
  • La propuesta de Real Decreto sobre los mecanismos de mercado e hibernación establece que el pago por respaldo recaería ahora en parte en la eólica.
  • La propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo no asegura que la recaudación de los peajes sea suficiente para cubrir los costes regulados.

Si todas estas normas salen adelante tal como han sido redactadas," su impacto acumulado sobre el sector eólico podría ser superior al que le correspondería sobre los ahorros de costes que busca el Gobierno, a lo que habría que sumar los impactos sufridos este año por el sector a consecuencia del impuesto a la generación y el Real Decreto-Ley 2/2013, vigente hasta que se publique la nueva normativa".

Para la patronal de la energía eólica, "la normativa altera radicalmente los flujos de ingresos de todos los parques eólicos de España, lo que supondrá una cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente, para la banca. Además, continuará el desmantelamiento de fábricas - han cerrado nueve en lo que va de año- y la destrucción de empleo -se han perdido 3.600 puestos de trabajo eólicos en 2013, 25 al día-. Y las empresas se plantean si les compensa quedarse en España o marcharse a países en los que se valore la riqueza y el empleo que generan, así como el tejido industrial eólico que tan famoso ha hecho a nuestro país en el mundo".

Con el fin de resolver esta situación para la eólica, AEE ha tenido la mano al Ministerio de Industria "para trabajar conjuntamente en una solución que no lleve al sector a la quiebra". A su juicio, "se deberían retirar el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico y la propuesta de Real Decreto sobre renovables, de modo que no se vulnere la seguridad jurídica ni los principios contenidos tanto en la normativa española como en la comunitaria. En este esfuerzo de colaboración, AEE pone a disposición de la Administración su profundo conocimiento de los datos y la realidad del sector."

Además de presentar las alegaciones, tal y como establece el procedimiento de consultas de la nueva normativa, AEE buscará las vías jurídicas adicionales que permitan reducir los desequilibrios y la incertidumbre causados por la batería de medidas actualmente en trámite.

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