El Anteproyecto de la Ley de Carreteras presentado por la titular de Fomento al Consejo de Ministros del pasado viernes lleva a cabo la puesta al día de la normativa básica de la red viaria española, dejando atrás el texto vigente desde hace casi 25 años. Entre las novedades que aporta la reforma destaca el freno a las recalificaciones de suelos por parte de las administraciones autonómicas o locales a lo largo del proceso de planificación de una carretera. El Ministerio de Fomento tendrá, además, la potestad de ordenar la retirada de publicidad que pueda afectar a la seguridad viaria o la explotación de la vía tanto en tramos urbanos como en interurbanos.
Tras cinco lustros de vigor de la Ley de Carreteras (Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras), el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Anteproyecto de su reforma, que se fija en la lucha contra las especulaciones en los terrenos circundantes a las vías de comunicación, pero también en la seguridad de los conductores.
Tal y como argumentó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, la reforma adecua la normativa vigente desde el ya lejano 1988 a las evoluciones que ha ido experimentando la red viaria española.
Su objetivo principal es la mejora del uso de los recursos disponibles, por lo cual "antes de construir una carretera se analizarán las necesidades y los tráficos esperados presentes y futuros de la red", según puntualizó Ana Pastor.
La titular de Fomento destacó que el texto aprobado en forma de Anteproyecto podrá impedir que las administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales puedan recalificar el suelo afectado a lo largo del proceso de planificación de una carretera, evitando actuaciones especulativas. La suspensión temporal cautelar se establecerá en un año, que se podrá prorrogar excepcionalmente seis meses más.
La reforma establece la obligatoriedad de que los proyectos contengan un plan de seguridad vial. También incluye iniciativas de protección del patrimonio público viario. En este aspecto, Ana Pastor avanzó en la rueda de prensa que el Ministerio de Fomento tendrá la potestad de ordenar la retirada de publicidad que sea susceptible de afectar a la seguridad viaria o la explotación de la vía, tanto en tramos urbanos como en interurbanos.
Con el fin de brindar mayores servicios a los usuarios, el Anteproyecto permite que la promoción de las áreas de servicio se realice mediante la iniciativa privada. Otra medida dirigida específicamente a los usuarios de las vías afecta a los llamados "aparcamientos seguros" o "áreas de descanso", que dispondrán de servicios específicos para garantizar la seguridad de personas y vehículos.
Se prevé también la puesta en funcionamiento de sistemas inteligentes de transporte capaces de ofrecer información en tiempo real a los usuarios de las carreteras acerca del estado de las infraestructuras y del flujo del tráfico, a través tanto de paneles informativos como de dispositivos, que se podrían incorporar a los propios vehículos. Tal y como comentó la ministra, se está llevando a cabo una prueba piloto en 20 vehículos equipados en diversos tramos de las autovías A-52, A-55 y de la AP-9.
La reforma de la Ley de Carreteras aumenta la cuantía de las sanciones para el caso de incumplimiento en la prestación del servicio viario, establecidas en el Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. De esta manera, la cuantía de la sanción máxima se fija en 15.000 euros, lo cual promoverá un cumplimiento más eficaz de las obligaciones por parte de los concesionarios de estas estructuras.
