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La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual será aprobada antes de que termine enero de 2014

5 de Diciembre de 2013

El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha asegurado ayer que su que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual será llevada al Consejo de Ministros antes de que termine el próximo mes de enero.

Legal Today


La larga y quizás hasta polémica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual estaría a punto, según palabras del Ministro, de llegar al Consejo de Ministros para posteriormente entrar en los raíles parlamentarios. El ministro sostuvo ayer que en la redacción del texto han sido consultadas no sólo  las entidades de gestión de los derechos de autor, sino también  multiplicidad de organismos del sector para asegurar "una de las grandes prioridades de este Gobierno en el campo cultural, que es mejorar la protección de la propiedad intelectual".

La Ley, según se ha sabido, recoge tres bloques esenciales de medidas:

  • Revisión del sistema de copia privada.
  • Diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.
  • Fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos en el entorno digital.

La esencia de la reforma es el cerco a las páginas de descargas y modificar el sistema de gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

La Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual, de todas maneras ha recibido un crítico dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia. Para este organismo, "en líneas generales, sin perjuicio de que algún aspecto puntual pueda valorarse positivamente, como el establecimiento de obligaciones de transparencia sobre los repertorios gestionados por las entidades de gestión y la objetivación de los criterios a los que deben ajustarse las tarifas, el texto sometido a informe adolece de importantes carencias".

Para la Comisión Nacional de la Competencia, el texto que se le dio a conocer en verano que que dictaminó a mediados de septiembre "en líneas generales, sin perjuicio de que algún aspecto puntual pueda valorarse positivamente, como el establecimiento de obligaciones de transparencia sobre los repertorios gestionados por las entidades de gestión y la objetivación de los criterios a los que deben ajustarse las tarifas, el texto sometido a informe adolece de importantes carencias".

En primer lugar, para la Comisión Nacional de la Competencia el Anteproyecto "es una modificación excesivamente parcial de una materia que exigiría una reforma integral, en concordancia con lo planteado en la MAIN como necesidad para el sector, en la medida en que, en la actualidad, no es un marco legal suficientemente claro ni garantista del mantenimiento de la competencia efectiva, sobre todo en lo referente al modelo propuesto de entidades de gestión".

La CNC considera que el modelo de entidades de gestión actualmente vigente (consagrado en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) fortalece la posición monopolística de dichas entidades debido a tres tipos de barreras: legales, estratégicas y de economías de escala.

La CNC considera que es posible un modelo regulatorio más favorable a la competencia, donde las entidades afronten una mayor presión competitiva, de forma que se remuevan las barreras a la entrada de nuevos operadores, lo que incrementará los incentivos de las entidades a prestar sus servicios de modo eficiente y reducirá las posibilidades de que ejerzan su poder de mercado en el ámbito tarifario.

Según recogía el informe: "para introducir competencia es preciso apostar por la libertad de gestión, es decir, porque los titulares tengan más libertad contractual con respecto al mandato que dan a la entidad de gestión, y más libertad para elegir quién y bajo qué forma jurídica le gestiona sus derechos". "A su vez -sigue-, resulta imprescindible erradicar el intervencionismo administrativo que durante todos estos años ha podido obstaculizar o impedir que los mecanismos de mercado operen a la hora de organizar la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual".

En segundo lugar, el texto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual "contiene una reforma que no considera suficientemente el desarrollo actual y previsible de las tecnologías de la información y de las redes informáticas, en cuanto no tiene en cuenta la existencia y/o desarrollo de modelos de negocio alternativos que pueden permitir la distribución y retribución de las obras de la forma menos restrictiva para la competencia".

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