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La reforma tributaria se pondrá en marcha en 2015 y afectará a todos los impuestos

10 de Julio de 2013

Tal y como ha clarificado ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras la primera reunión de la Comisión de Expertos para la reforma tributaria constituida el pasado viernes por el Consejo de Ministros, en 2015 se instaurará una reforma completa de los impuestos; incluidos los autonómicos y los locales.

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El Ministro, que no ha dado detalles de la reforma fiscal venidera, ha comentado que trata de una reforma de los impuestos “completa e integral” que se aplicaría esta misma legislatura para disminuir el déficit y corregir la presión fiscal. Una vez aprobada la reforma, será la base para elaborar la reforma del sistema de financiación autonómico, que debería ponerse en funcionamiento también en 2015.

La raíz de todas las reformas fiscales será lo que resulte del informe de la Comisión de Expertos para el IRPF,  porque dicho impuesto “merece una reforma”, en expresión de Cristóbal Montoro, para equipararlo a los países del entorno cambiando aquellos elementos que introdujo la reforma de 2007 “que no fueron correctos”.

Cristóbal Montoro ha agradecido la disponibilidad de los miembros de la comisión para contribuir desde su “experiencia y rigor” al diseño de un sistema fiscal más apropiado cuando que España necesita reformas que mejoren la capacidad de financiación del Estado y una modernización de las Administraciones Públicas.

La Comisión tendrá que plantear su propuesta antes del 28 de febrero de 2014, para que el Gobierno presente su reforma a lo largo del año y entre en vigor en 2015.

La Comisión de Expertos la forman su Presidente, Manuel Lagares Calvo, y ocho vocales: Pedro Manuel Herrera Molina, Fernando Fernández Méndez de Andes, Sixto Álvarez Melcón, Rafael Ortiz Calzadilla, Juan Francisco Corona Ramón, Francisco Castellano Real, Maximino Carpio García y Pablo Hernández de Cos.

Complicación fiscal española según la encuesta de la Fundación Impuestos y Competitividad

Para las grandes empresas españolas, y según los resultados de la primera encuesta realizada por la Fundación Impuestos y Competitividad (formada por Baker & McKenzie, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Deloitte Abogados, Ersnt & Young Abogados, J&A Garrigues, S.L., KPMG Abogados, PwC Tax & Legal Services y Uría Menendez), hay muy poca estabilidad en las normas tributarias.

Piden mayor clarificación y simplificación de dichas normas y demandan a la Administración mejor disposición y apertura al diálogo, tanto en lo relativo a la elaboración de las nuevas normas como en su consiguiente aplicación práctica.

Concretamente, se muestran satisfechas con el sistema fiscal español (52%), al que conceden una nota media del 6,63 (sobre 10), considerando que las tres figuras tributarias más gravosas -en términos de cuota, gestión, conflictividad y riesgo fiscal- son, por este orden:

  • El Impuesto de Sociedades
  • El IVA
  • Las retenciones a cuenta

Un 94,44% de las empresas encuestadas creen en que es necesaria la simplificación y clarificación de las normas tributarias. En su opinión (78%) hay poca o ninguna estabilidad en dichas normas y ello entorpece bastante o mucho las decisiones de inversión de las empresas (73%).

Las grandes empresas españolas, como pone de manifiesto el estudio, se sienten perjudicadas por la economía sumergida, a la que consideran nociva. El 95% considera que hay bastante o mucha economía sumergida y que esta realidad, no suficientemente superada, incrementa bastante o mucho la presión o la carga fiscal sobre los contribuyentes.

Dinámica de la Administración Tributaria

Las empresas encuestadas por la Fundación Impuestos y Competitividad coinciden en calificar como  ‘relevante' el incumplimiento de los plazos en expedientes tributarios, tanto en los procedimientos en la vía económico-administrativa como en la vía jurisdiccional (por encima del 70% consideran que hay poco o ningún cumplimiento.

La misma calificación le dan a la falta de motivación de los actos (poca o ninguna) dictados en procedimientos de “comprobación limitada y gestión en general” (54%) “expedientes sancionadores”(54%) y “resoluciones de recursos de reposición”(63%).

Las empresas entienden poco o nada útiles el recurso de reposición (76,92%) y la vía económica administrativa (52,3%); así como la doble instancia en esta última vía (77,2%). Y estiman (por encima del 70%) que en pocos o ningún caso los tribunales económico-administrativos revocan los actos administrativos impugnados.

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