Las asociaciones Francisco de Vitoria(AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) en relación con la reactivación de la actividad procesal y judicial que quedó seriamente ralentizada como consecuencia de la crisis sanitaria experimentada con la llegada del COVID-19, han emitido un comunicado conjunto en el que exigen más medidas para reactivar la justicia con plenas garantías. En concreto, ponen de manifiesto los siguientes puntos:
1.- Que, desde el primer momento, y pese a no estar conformes con la gestión de Ministerio de Justicia y CGPJ, hemos actuado con lealtad institucional, colaborando con los organismos citados y presentando los Informes que nos han sido solicitados con un escaso margen de tiempo.
2.- Que desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles 29 de abril, el Real Decreto-ley 16/2020 de medidas organizativas y procesales para hacer frente al COVID-19, hemos esperado un tiempo prudencial en la esperanza de recibir instrucciones más claras respecto al efectivo suministro de medios materiales que garanticen la salud de todos en las sedes judiciales; información relativa al impulso del teletrabajo mediante la dispensa de los medios necesarios a todos los integrantes de la administración de justicia; directrices precisas respecto a cuándo se producirá la reincorporación de toda la plantilla de funcionarios a sus respectivos puestos de trabajo con plenitud de garantías; indicaciones sobre la duración de las exenciones para cuidado de familiares, o una previsión realista sobre el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales. Además de lo consignado, no se han anunciado medidas que permitan conciliar el ejercicio de la profesión con el indispensable cuidado de los menores de edad, una vez que se ha anunciado que hasta el curso 2020/2021, no volverán a asistir a los colegios.
3.- Asistimos perplejos al enunciado de la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 16/2020, en donde se llega a afirmar para justificar la promulgación de aquella norma, que “la Constitución española reconoce el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas”, cuando, precisamente debido a ese endémico abandono del que estas asociaciones llevamos avisando décadas, no son pocos los Juzgados españoles que ya tienen ocupadas sus agendas a dos o tres años vista.
4.- Observamos con preocupación que se está desplazando a las Salas de Gobierno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia la labor de liderar de facto la organización de la Justicia, cuando lo cierto es que los miembros de dichos órganos carecen de la información y recursos necesarios para asumir dicha labor de liderazgo. No hay certezas, pero abundan las incógnitas.
5.- Como hemos puesto de manifiesto en nuestras respectivas propuestas de plan de choque para afrontar la crisis y que hicimos llegar al CGPJ y al Ministerio de Justicia, es imposible hacer frente al colapso judicial al que nos enfrentamos sin una inversión específica –siquiera temporal– en medios personales y materiales. Si España ya cuenta con un número de jueces de 11 por cada 100.000 habitantes frente a la media europea de 21 –esquema que se reproduce en otros colectivos de Justicia, como los fiscales– y somos el cuarto país de la OCDE en litigiosidad, la situación de partida es tan deficitaria,
que una avalancha de reclamaciones consecuencia de la crisis derivada del COVID19, unida al necesario re-señalamiento de decenas de miles de actuaciones suspendidas durante los casi dos meses de estado de alarma que llevamos, será, simplemente, inasumible.
6.- Solicitamos que, con urgencia, se empleen todos los esfuerzos que sean necesarios para reactivar cuanto antes la actividad judicial, con plenas garantías de protección de la salud de usuarios y profesionales. Cada día que pasa supone una pérdida de derechos para quienes se ven obligados a acudir a los tribunales a defender sus intereses.
7.- En definitiva, constatamos la falta de medidas concretas y reales para la necesaria reactivación de la actividad judicial. Entendemos que las iniciativas adoptadas por parte del Ministerio tienen un marcado carácter cosmético y auguramos un pésimo desenlace si no se nos proporcionan medios para poder cumplir con nuestro compromiso constitucional con la ciudadanía. Aprovechamos la ocasión para apelar al sentido común y a la responsabilidad de quienes tienen poder de decisión y contemplen un Plan de Choque que pase por una inversión mínima que permita atender a las reclamaciones de los ciudadanos, quienes son, en definitiva, los últimos destinatarios de la administración de Justicia. Para ello, es imprescindible que escuchen activamente a todos los operadores jurídicos.
