Las entidades locales estarán sometidas a un control económico-presupuestario más riguroso, para lo que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto (RD) mediante el que se dota a dichos organismo de una estructura común de control interno. La norma, que recibió el visto bueno en el Consejo de Ministros del pasado viernes, toma como referencia el modelo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), “con pleno respeto al principio de la autonomía local y a su capacidad para auto organizarse”, informó el Ejecutivo.
En cuanto a su competencia para emprender dicha reforma, el Ejecutivo recuerda que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del 27 de diciembre de 2013, le encomienda la regulación de los procedimientos necesarios para establecer un control económico-presupuestario más riguroso en el ámbito de las Entidades Locales, reforzando el papel de la función interventora.
Antes de su aprobación, el RD ha recibido el visto bueno de todos los órganos involucrados, principalmente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y haber realizado una consulta a las Comunidades Autónomas.
En cuanto a su ámbito subjetivo, la nueva regulación se aplicará a:
- Entidades Locales.
- Organismos autónomos.
- Entidades públicas empresariales.
- Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local.
- Fundaciones del sector público dependientes de la Entidad Local.
- Fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los presupuestos generales de la Entidad Local.
- Consorcios adscritos a la Entidad Local.
Estándares mínimos
El Real Decreto establece unos estándares mínimos que debe cumplir el régimen de control de las Entidades Locales, a las que se dota de una estructura de común de control interno que permita aplicar de manera homogénea los tres ámbitos del mismo: la función interventora, el control financiero y la auditoría pública.
Las distintas corporaciones deberán adaptar a su realidad los distintos instrumentos que se prevén en la nueva normativa en función de los riesgos y de los medios disponibles. Resulta novedosa la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración o contratación.
Con estas medidas se persigue conseguir una gestión más eficaz, homogénea y transparente de los órganos de control interno en todo el territorio nacional; cubrir el vacío legal existente en materia de control interno de las entidades que conforman el sector público local, reforzar el papel y las funciones de los órganos de intervención, homogeneizar los procedimientos de control y garantizar una mayor profesionalización y eficacia en el ejercicio de las funciones de control interno.
Los principales resultados del control interno se recogerán en un informe que deberá elaborarse anualmente y que será puesto en conocimiento del Pleno, del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Papel de la Intervención General de la Administración del Estado
En todo este proceso la IGAE tendrá un papel activo con el objetivo de conseguir una adecuada implementación del modelo. Así, analizara las necesidades de formación para programar las actuaciones que sean necesarias en los centros públicos especializados. Igualmente, se podrán formalizar convenios de colaboración para actuaciones de apoyo: acceso a bases de datos gestionadas por la Intervención, resolución directa de consultas o realización de informes de consultoría con propuestas para un mejor funcionamiento.
La aprobación de este Real Decreto estaba contemplada dentro de los compromisos de refuerzo de las instituciones públicas que se incluían en el Plan Presupuestario para 2017 y que se envió a la Comisión Europea el pasado mes de diciembre.
