El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha destacado la «seguridad curativa más que preventiva» que aportan notarios y registradores para que las resoluciones judiciales sean más previsibles, lo que contribuye a la fiabilidad del sistema y evita conflictos previos y litigios.
Lesmes ha participado este lunes en la inauguración de un encuentro entre magistrados encargados de los registros civiles, notarios y registradores de la propiedad que tiene lugar hasta el próximo miércoles en el servicio de formación continua del CGPJ.
El presidente del alto tribunal hizo hincapié en la necesaria colaboración entre los diferentes operadores jurídicos. "Es necesaria una alianza estratégica entre los cuerpos jurídicos, somos servidores públicos y nuestra función principal es la realización del Derecho, que ordena el sistema político y las relaciones sociales y económicas. Jueces, notarios y registradores debemos ser protagonistas activos de esa realización del Derecho", ha sostenido.
En este sentido, ha subrayado la importancia de la formación continua entre los profesionales del Derecho. "Nuestras oposiciones exigen años de durísima formación; pero si nos quedáramos en ese momento, nos quedaríamos desfasados ya que el ordenamiento jurídico está en constante transformación. Si no nos formamos, acabaremos fallando", ha advertido.
Una de las materias objeto de estudio en estas jornadas será la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que desjudicializa algunos expedientes otorgando su gestión a notarios, registradores y letrados de la Administración de justicia. Para el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, esta norma, ha permitido a los notarios "asumir nuevas competencias que determinan la revalorización y fortalecimiento de nuestra función".
Como ejemplo ha citado la conciliación ante notario, "que puede convertirse en una vía de acuerdo efectivo que evite el pleito", según García Collantes.
Gonzalo Aguilera, decano-presidente del Colegio de Registradores, coincidió en la idoneidad de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, a pesar del retraso de 16 años, porque permitirá "descongestionar los tribunales desjudicializando materias que no afectan a derechos fundamentales o a menores o incapacitados".
