“Todos y cada uno de los Colegios de Abogados son necesarios e imprescindibles”, aseguró Carlos Carnicer durante la inauguración de las VI Jornadas de Juntas de Gobierno, en relación con la Ley de Servicios Profesionales, cuyo borrador hace saber que los colegios serán de ámbito autonómico o al máximo provincial; con la consiguiente desaparición de Colegios como los de Vigo, Reus, Gijón, o Cartajena. Los actuales de menor tamaño tendrían que agruparse. “La batalla no será fácil, pero nos dejaremos la piel en ella”, señaló, porque “aunque estamos en una situación complicada en todos los aspectos, la Abogacía se crece en los peores momentos. Juntos vamos a construir ese futuro mejor que esperan las nuevas generaciones”. De hecho, “probablemente no haya habido un momento más oportuno para tratar los temas que nos ocupan”.
La Ley de Servicios Profesionales y el último borrador que se conoce de la futura Ley de Colegios Profesionales, que parece que se aprobará como legislación aparte, marcaron las VI Jornadas de Juntas de Gobierno que se celebraron en Vigo y fueron inauguradas por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acompañados por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el presidente del TSJ de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, el presidente en funciones del Consello de la Avogacia Galega, Arturo González Estévez -en sustitución del presidente y decano de A Coruña, Antonio Platas, por razones de salud, y para el que todos los asistentes tuvieron un cariñoso recuerdo-, y el decano del Colegio de Abogados de Vigo, Alfonso Álvarez Gándara.
Carnicer reclamó al Ministerio que "nos concrete y nos diga si se van a respetar los Colegios, si se va a mantener la colegiación obligatoria y si se va a mantener ese examen tan buscado de acceso a la profesión", aunque "lo que de verdad asusta es esta desconfianza e las instituciones de la Abogacía", cuando la Abogacía ha sido siempre transparente en sus actividades y en sus cuentas, y en el Consejo se perciben 40 euros al año por colegiado, menos de 3,8 euros al mes". Todo esto, señaló, parece no tener en cuenta "todo el apoyo de la Abogacía a la administración de Justicia, como por ejemplo con el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, desarrollado por RedAbogacía, y que es el único con el que cuenta el ministerio que funcione".
Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales
El texto, del que se conoce su borrador, establece que los colegios tendrán que ser de ámbito autonómico, o como mucho provincial. Los que hay ahora de tamaño menor al provincial tendrían que agruparse. Actualmente hay 83 Colegios de Abogados.
Según resulta del informe emitido por el CGAE, la Ley dice exactamente que "los Colegios Profesionales, tanto de pertenencia obligatoria como voluntaria, ejercerán sus competencias, como regla general, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma de que se trate. Sólo excepcionalmente podrá ser de ámbito territorial inferior, cuando concurran especiales circunstancias que lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda ser inferior al ámbito territorial provincial. También extraordinariamente podrán ser de ámbito territorial estatal. No obstante lo anterior, los profesionales de Ceuta y Melilla podrán decidir integrarse en los colegios correspondientes a otra Comunidad Autónoma"
Respecto a la colegiación, establece que los abogados deben hacerlo "para la intervención como abogado ante juzgados y tribunales de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial". Para el CGAE, "la primera conclusión es que la norma propuesta en el borrador resulta contraria a lo previsto por la LOPJ y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Supone además la ruptura de una profesión que es y debe seguir teniendo un carácter unitario, con idéntica reserva de actividad que la prevista por la LOPJ".
Sigue diciendo que "la colegiación debe ser obligatoria para prestar cualquier servicio propio de la profesión. La no incorporación al Colegio implicaría una absoluta falta de control deontológico y disciplinario, una inacción frente al desvío en el ejercicio profesional, cercenando derechos del ciudadano -algunos de los cuales son precisamente derechos fundamentales-. Debe tenerse en cuenta que el asesoramiento jurídico resulta esencial para permitir el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes por parte de los ciudadanos, así como para la conciliación de conflictos que de otra forma colapsarían los Tribunales. Esto significa que sirve al interés general de una manera nítida". Además, la Ley ómnibus prevé que serán supuestos de colegiación obligatoria los de profesiones que afecten a la seguridad jurídica de las personas físicas
Informe de la Comisión Nacional de la Competencia
El informe constata la persistencia de numerosos obstáculos al acceso y al ejercicio de las actividades profesionales que se originan o se ven reforzados por la falta de adaptación expresa de las normas que rigen la actividad profesional a las reformas operadas tras la transposición de la Directiva de Servicios y realiza recomendaciones específicas para que se remuevan tales obstáculos.
Opinión del Consejo General de la Abogacía ante la Ley de Servicios Profesionales y la Ley de Colegios
Carnicer dijo en Vigo que "esta eclosión legislativa que estamos viviendo nos tiene que llevar primero a plantearnos con qué dinero se va a llevar a cabo". "Con esta huida hacia delante de Gallardón parece que quiere convertirse en el ministro reformador. Actualmente hay 16 reformas que afectan a la administración de Justicia en marcha".
También hubo hueco para hablar sobre el otro caballo de batalla de la Abogacía, las tasas. Carnicer recordó que tras las primeras protestas de la Abogacía "se produjo una crítica generalizada de todos los actores jurídicos; la Defensora del Pueblo transigió con el ministro una serie de reformas que eran insuficientes, pero que eran un reconocimiento de que esa ley era un atentado contra los derechos fundamentales", y todo esto "demuestra que no nos hemos excedido en las críticas, sino que poco a poco la Justicia nos han dado la razón a los abogados".
"Seguiremos reivindicando que la ley es inconstitucional, y además ya está produciendo violaciones de derechos". Álvarez Gándara apostilló que el ministro quiere que "las tasas sufraguen la Justicia Gratuita que aumenta por la acción de la subida de las tasas".
