Los despachos están acelerando los asuntos para alcanzar los registros de entrada de los juzgados antes de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, ya aprobada. La mediación (Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles), es la opción fundamental de los despachos y es ampliamente aceptada por los clientes. Los acuerdos de mediación tienen un índice de cumplimiento voluntario por las partes del 98 % de los casos, superior al de los laudos arbitrales y las sentencias.
El pasado miércoles, a la vez que una parte del país secundaba la huelga general se estaba aprobando por el procedimiento de urgencia en la Comisión de Justicia del Senado la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El texto, que golpea fuertemente no sólo a la profesión de la abogacía sino a los ciudadanos, que se cohibirán de litigar no ya sólo por la lentitud sino por las elevadas tasas, se publicará en breve en el BOE y entrará en vigor, previsiblemente, antes de fin de año y quizá este mismo mes de noviembre.
Si Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española decía cuando se cuantificó la subida de tasas (entre 50 y 750 euros) que "nos parece bien que se busquen fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumentar las vías de solución extrajudicial de los conflictos (casi el 50% de los conflictos no se judicializan pues se solucionan en los despachos de los abogados), pero no a base de poner trabas de carácter económico", ahora, ya aprobada la Ley, Germán Ramón Inclán, presidente de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Gratuita, reconoce que está en juego una cifra de negocio que rondará el 90 por ciento de los despachos "quienes antes nos encargaban una gestión judicial, ahora se lo van a pensar dos veces, y eso va a limitar la accesibilidad del cliente a nuestros despachos, que vamos a tener una merma brutal de trabajo".
En este orden de cosas, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comentaba hace unas semanas que "en un pleito hay otros gastos que afrontar que resultan tanto o más disuasorios de lo que pudieran ser las tasas". El Ministerio de Justicia espera ingresar con la subida 306 millones de euros al año, frente a los 164,4 millones de euros que ingresó en 2011.
El Gobierno argumenta que el que los ciudadanos asuman más coste del asumido hasta ahora busca "racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional", a la vez que aportar mayores recursos al sistema y financiar la asistencia jurídica gratuita. Una estimación del CGPJ concluye que un proceso monitorio cuesta aproximadamente 1200 euros. El coste medio de una sentencia es de 2192 euros. Aún así,el coste que se traslada a los ciudadanos sobrepasa las expectativas de la gran mayoría de las familias: Mariano Durán, decano del Colegio de Abogados de Valencia, ha comentado que "si una pareja de jubilados denuncia que le han estafado 100.000 euros en preferentes, deberá pagar 300 euros para acudir a juicio, más el 0,50 % de lo que reclama, que en este caso son 500 euros más. Si recurre, serán 800 euros de tasa fija, más los 500. Y si va al Supremo 1.200 euros más el 0,5 %. En total podrán pagar 3.800 euros sin que nadie le garantice que vaya a servir para algo". Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española sostiene que "la mayoría de los españoles tendrán que pedir un préstamo para poder pagar las tasas judiciales".
Novedades
Más allá de la cuantía a pagar, el nuevo régimen efectúa una ampliación sustancial tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Al mismo tiempo, se prevé la exención subjetiva de aquellos a quienes se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al igual que se prevé para el deudor que solicita su concurso, el Ministerio Fiscal y las Administraciones Públicas.
Se amplía su aplicación al orden social, pero sólo en lo que a los recursos de
suplicación y casación se refiere y de una manera proporcionada a los
intereses que se tutelan en el mismo, en atención a los derechos e
intereses en juego en este orden jurisdiccional.
Quedan exentos de tasas los procesos penales (72,4% de los asuntos que entraron en los juzgados en 2011), la primera instancia en el orden social, los procesos de capacidad, filiación y menores, los de protección de los derechos fundamentales y los beneficiarios de Justicia gratuita.
Respecto al texto original, en el Congreso de los Diputados se hicieron algunos cambios como librar a los trabajadores del pago del 60% de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en la jurisdicción laboral. También se eximió del pago de la tasa en los procedimientos verbales o monitorios si la cuantía de la reclamación no llega a 2.000 euros.
Reacciones desde la abogacía
El martes pasado hubo concentraciones en toda España para pedir la retirada de la Ley, donde se reunieron más de 12.000 abogados con la presencia, además, de Jueces, Fiscales y Jueces Decanos. ¿Quiere leer algo más acerca de las concentraciones? Posteriormente, Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha pedido a la defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley.
La Plataforma Cívica para la Independencia Judicial ha apoyado expresamente las movilizaciones y protestas que han realizado los Colegios de Abogados de toda España. Esta entidad ha presentado un documento ante el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos tres proyectos del Gobierno que atacan la Independencia Judicial y desmantelan el Estado Constitucional de Derecho, entre los que se encuentra la Ley de Tasas, "que hará muy costoso el acceso de las clases medias y bajas a los tribunales, e, incluso, antieconómico y desaconsejable ya que los ciudadanos se gastarán más de lo que podrían obtener, de dárseles la razón".
La mediación se impondrá
No parece casualidad que en julio se aprobó la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Los acuerdos de mediación tienen un índice de cumplimiento voluntario por las partes superior al de los laudos arbitrales y las sentencias: hasta el 98 por 100 de los casos. De hecho, el último Barómetro de la Abogacía refleja que los clientes valoran la capacidad de los abogados para buscar un acuerdo que ponga fin a la disputa (un 62 por ciento de los españoles lo ven así) frente a los que valoran más su experiencia en juicios para tratar de conseguir el máximo posible (35 por ciento).
Además, en la que será nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial se está dando espacio a la mediación.
