El Consejo Fiscal ha acordado este martes solicitar al Ministerio de Justicia una prórroga de un mes -hasta el 31 de mayo- para los 80 fiscales de refuerzo con los que se dotó a la plantilla fiscal para reforzar las fiscalías más saturadas con el fin de cumplir el plazo legal a que les obliga la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para clasificar entre complejas y no complejas las miles de causas abiertas en los juzgados españoles.
Dicha clasificación, que tiene que estar terminada el próximo 6 de junio, viene obligada en por la Ley con el fin de dar cumplimiento artículo 234 de la LECrim, que es el que estableció un plazo de 6 meses para la instrucción de los asuntos que no sean calificados de complejos.
Durante la reunión de este martes, el Consejo Fiscal ha recibido las explicaciones del informe elaborado por la Unidad de Apoyo, que dirige José Luis Bueren, acerca de la situación en las Fiscalías ante la entrada en vigor de esta norma.
Según los datos aportados, los fiscales han calificado de "complejas" el 30 por ciento del total de 103.178 causas que han revisado desde la entrada en vigor de la reforma el pasado 1 de julio.
Estos datos, que son novedosos, fueron ya aportados este lunes por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Justicia del Congreso.
El informe recoge también que dentro de las causas clasificadas como sencillas, el 16 por ciento han sido archivadas por falta de autor conocido o ausencia de pruebas que justifiquen la continuación del proceso, y el resto de las sencillas, o bien se considera que la instrucción está a punto de finalizar o bien se entiende que se podrá terminar dentro del plazo previsto por la ley.
Asimismo, el Consejo Fiscal ha solicitado un informe de situación a las Fiscalías que no solicitaron refuerzos para llevar a cabo la revisión de las causas ante la entrada en vigor del citado articulo 324 de la LECrim.
Este asunto ya fue tratado en la última reunión del Consejo Fiscal del pasado 16 de marzo después de que en los últimos meses asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hayan venido quejándose por la carga de trabajo que esta clasificación les ha supuesto tras la recepción los Oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado en relación con el plan de control de las causas.
El orden del día del Consejo Fiscal también ha vuelto a incluir una "dación de cuenta de la situación actual por la implementación del sistema LexNet y expediente digital en las Fiscalías". La posición del Consejo Fiscal sobre este asunto se ha plasmado en un informe que será hecho público en los próximos días, según ha informado este órgano consultivo en una nota al término de su reunión.
AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA
Además, el Consejo Fiscal de este martes ha aprobado varios nombramientos para reforzar las plantillas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción mediante cuatro fiscales en comisión de servicio.
Así, se propondrá al Consejo de Ministros los nombramientos de Antonia Sanz Gaite y Ángela Gómez Rodulfo para la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los de Ignacio Stampa y Carlos Yáñez para la Fiscalía Anticorrupción.
Igualmente, se propondrá el nombramiento de Fiscal emérito del Tribunal Supremo a Olayo González Soler, que fue Fiscal de Sala Jefe del Tribunal de Cuentas.
Finalmente, se han designado a los fiscales integrantes de la Comisión de Igualdad, que presidirá Ana Tárrago, vocal del Consejo Fiscal, y que estará formada por Consuelo Fidalgo, destinada en la Inspección Fiscal, José Ortiz, fiscal propuesto por la Asociación de Fiscales, Virginia García, propuesta por la Unión Progresista de Fiscales, y Teresa Gálvez, propuesta por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
