"La India se presenta como una tierra de oportunidades" "Los sueños de la abogacía internacional se han visto frustrados por décadas" "Las relaciones empresariales Madrid-Nueva Delhi están aumentando significativamente"
La India crece a pasos agigantados. Muchos miran al elefante de Asia como un ejemplo en la región. A diferencia de otros prodigios económicos como China o Vietnam, India ha encontrado el sendero de la prosperidad conservando su vocación democrática. Más aún, lo ha logrado en el marco de un verdadero Estado de Derecho. Hay quienes culpan al tigre bengalí de la subida de los precios de los alimentos, del encarecimiento del petróleo, y de muchas de las actuales tormentas económicas. Y en parte tienen razón. Día a día, el incontenible crecimiento de la antigua colonia británica suma nuevos consumidores a su multitudinario mercado, sujetos con capacidad de gasto que demandan más y más del mundo entero. La reciente compra realizada por Tata Group, el gran champion del subcontinente indio, de dos verdaderas joyas de la Corona empresarial inglesa —Land Rover y Jaguar— simboliza el corolario de una era. Este milenario cosmos de razas, religión y tradiciones reclama, por fin, el papel protagónico que la historia siempre le ha tenido reservado. El empresariado español ya lo sabe, y está tomando cartas en el asunto.
Naturalmente, para los profesionales del Derecho del mundo entero, La India se presenta con una tierra de oportunidades. Se trata de una economía en expansión, con instituciones jurídicas sólidas, un aparato judicial muy sofisticado, y una clase empresarial que apunta a la internacionalización. No obstante, los sueños de la abogacía internacional se han visto frustrados por décadas. La Ley de Abogados Indios de 1961 (Indian Advocates Law) es el freno a las aspiraciones de miles de firmas trasnacionales. Esta norma impide que los despachos extranjeros presten sus servicios en la tierra de Gandhi. Más aún, dicha disposición limita severamente la práctica de los propios abogados indios: los bufetes locales no pueden tener más de veinte socios. Se prohíbe prestar servicios por Internet en una relación abogado-cliente. Incluso los abogados están impedidos de dar tarjetas de presentación a potenciales clientes, a menos que se las pidan. Con todas estas limitaciones impuestas por más de cuarenta años, ningún despacho ha podido crecer lo suficiente como para perfilarse en la escena mundial.
En fechas reciente, sin embargo, los global players del Derecho han visto una débil luz al final del túnel. Se trata de una disputa legal, tramitada ante la justicia india, entre un grupo de firmas internacionales con un conglomerado de abogados del lugar. El proceso se inició hace algunos años, a raíz de que un grupo de firmas británicas y estadounidenses inaugurara oficinas en La India. Los gremios de profesionales autóctonos pusieron el grito en el cielo. En el juicio se ha planteado la posibilidad de reinterpretar, e incluso invalidar, muchas de las disposiciones de la ley de 1961.
La polémica se encuadra dentro del típico dilema que plantea todo proceso de apertura comercial. La prestación de servicios jurídicos en La India ha estado protegida de la competencia extranjera por años. Es verdad. Por ello, se pensará que estos "intocables" han tenido la oportunidad de consolidarse en el mercado interno y, por ende, sería hora de abrir las puertas a los bufetes extranjeros. No obstante, la realidad es que los abogados locales no han podido alcanzar su verdadero potencial debido a las ridículas trabas impuestas por la legislación nacional. Los juristas de Mumbai o Nueva Delhi no están en condiciones de sobrevivir en el crudo mundo del mercado global. Nadie duda de que sea necesario que se tomen pasos hacia la liberalización del sector, pero sí de que sea prudente hacerlo de manera precipitada.
A pesar de tener cierto grado de razón en sus planteamientos, resulta paradójico que algunos juristas indios se muestren contrarios a la apertura bajo el pretexto de que "el Derecho no es un negocio en La India". Sí que lo es. En la actualidad, numerosos despachos de Estados Unidos y Reino Unido externalizan parte del trabajo en la India, fenómeno denominado Legal Process Outsourcing. Éste se ha convertido en una lucrativa actividad para muchos empresarios en el subcontinente.
En términos económicos, se trata de un supuesto al que se le podrían aplicar las normas internacionales de regulación del comercio. En el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, el mercado de los servicios jurídicos se regula por el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (por sus siglas en inglés, GATS). En dicho instrumento, no existe un compromiso general sobre la emancipación del sector jurídico, sino una enmarañada red de promesas y excepciones puntuales. Es necesario explorar todas las posibilidades, aunque siempre deben preferirse soluciones consensuadas con los actores locales. De plasmarse, la apertura del mercado indio podría significar una oportunidad de oro para los despachos del mundo entero. Y, dada la tradicional concepción localista de la práctica del Derecho, constituiría un significativo avance en la senda de la globalización.
Los bufetes españoles han iniciado hace mucho el peregrinaje hacia tierras orientales. Tenemos una significativa presencia en China. Es lógico, el Reino Medio ha sido muy hospitalario con el capital ibérico. Ello ha llevado a muchas firmas legales a abrir oficinas en ciudades como Pekín o Shangai. Por su parte, los lazos empresariales entre Madrid y Nueva Delhi están creciendo significativamente y pronto adquirirán magnitudes importantes. Empresas españolas como Mango, Ficosa o Taurus llevan años expandiéndose en el mercado indio. Muchas otras están siguiendo su ejemplo. Por ello, debemos estar atentos. Si se aboliesen las restricciones al ingreso de firmas extranjeras, nuestros global bullfigthers deberán plantearse rápidamente la forma de aprovechar la nueva oportunidad que nos brinda el tigre bengalí.
