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Los Jueces Decanos admiten que no tienen medios para investigar corrupción política y delitos económicos

7 de Febrero de 2013
  • Piden entre otros puntos, la creación de un cuerpo nacional de peritos contables forenses o la adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez.
  • Blas Alberto González Navarro, magistrado en excedencia y actual director del Área de Propiedad Intelectual e Industrial, medios y protección de datos en Madrid de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira nos dice que "es preciso poner a disposición de los Jueces de lo Mercantil conocimientos, no jurídicos, sino puramente empresariales, de administración de empresas"
  • Ayer el Consejo General del Poder Judicial aprobó un acuerdo en el que subrayan la intención del Ministerio de Justicia de someterles a su control y que el CGPJ pierda su dinámica.

Los Jueces Decanos de toda España se han adherido al acuerdo adoptado por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional del 30 de enero en relación con el problema de la falta de medios para la investigación de delitos económicos, asuntos relacionados con la corrupción y causas complejas con especial relevancia social, dado que esta situación se da en todos los Juzgados y Tribunales de España que investigan y enjuician este tipo de delitos.

Legal Today


Los jueces sostienen que "queremos desempeñar nuestro trabajo responsablemente y en las debidas condiciones". Algunas deficiencias "podrían resolverse de manera inmediata, y de este modo se agilizarían las causas dando un impulso al trabajo que realizan con especial dedicación y responsabilidad los jueces y magistrados que conocen en este tipo de procedimientos, que por su complejidad y naturaleza, requieren una dedicación absoluta, exclusiva e intensiva del juez". 

Son los jueces y fiscales quienes investigan los asuntos relacionados con la corrupción, "y por tanto las medidas más eficaces son aquellas que se dirigen a apoyar y facilitar su trabajo", subrayan.

Blas Alberto González Navarro, magistrado en excedencia y actual director del Área de Propiedad Intelectual e Industrial, medios y protección de datos en Madrid de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira nos dice que "es preciso poner a disposición de los Jueces de lo Mercantil conocimientos, no jurídicos, sino puramente empresariales, de administración de empresas, que te muestran el engranaje, los estímulos del emprendedor, que no tiene por qué ser un buen empresario, la mente de quien sí lo es, las dificultades reales que enfrenta... Hablé de esto con mis compañeros de aquellos años, y ante la inexistencia de vías para conocer la empresa por dentro, decidí gastarme mis propios ahorros en un máster sobre alta dirección de empresa. Solamente Begoña Alvarez, Consejera de Justicia de la Junta de Andalucía por entonces, se daba cuenta de esto y apostaba por formarnos como técnicos jurídicamente excelentes pero con conocimientos contrastables de la realidad empresarial que juzgábamos".

Los Decanos quieren poner de manifiesto que "debemos asumir que no es posible llevar a cabo una investigación seria y rigurosa y continuar desempeñando al mismo tiempo el trabajo propio de la dinámica diaria del juzgado, o hacerlo careciendo de elementos tan fundamentales para una rigurosa y ágil investigación, como los son los funcionarios, policías y peritos especializados".

En concreto las medidas de refuerzo dependen del CGPJ, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas, "y el problema es que, o no llegan, o lo hacen demasiado tarde".

Medidas como el nombramiento inmediato de jueces y secretarios judiciales de refuerzo, la adscripción de fiscales con dedicación exclusiva, la facilitación de peritos contables con dedicación igualmente exclusiva en este tipo de asuntos (peritos de la Hacienda Pública, Banco de España, Intervención General del Estado) o bien la creación de un cuerpo nacional de peritos contables forenses o la adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez (dado que hasta la fecha no se han cumplido las previsiones constitucionales en este punto) y otras similares, agilizan enormemente la labor judicial. No parece que exista una especial sensibilidad, cuando precisamente hace unas semanas, se ha aprobado una norma que ha suprimido el llamamiento de jueces sustitutos, que son quienes venían llevando tales funciones de apoyo y refuerzo en los juzgados y tribunales.

Gráfico

Opinión de los abogados, por años de ejercicio, acerca de los jueces.

Fuentes: CGAE

Son  muchos los órganos judiciales en España que carecen de los medios e instrumentos precisos para desempeñar responsable y eficazmente su labor en el marco de un sistema judicial tradicionalmente olvidado y que ahora está llamado a conocer de multitud de asuntos de especial complejidad. "Los Jueces Decanos -puntualizan- venimos denunciando sin éxito desde hace años (y así lo destacamos en las conclusiones de las últimas Jornadas celebradas en Barcelona el pasado mes de noviembre) que es preciso poner a disposición de los tribunales estos medios necesarios, lo que no admite aplazamiento".

Comunicado de Asociaciones Judiciales

En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

¿A qué se refieren? El Congreso cambia el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial mientras los jueces reclaman cierto control de los acontecimientos 

  1. Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y    Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el    puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.
  2. La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era  la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.
  3. Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el  4%.
  4. La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de  Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto- Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de    entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa    obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el   trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando  las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.
  5. Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no        sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del "tasazo" hasta el momento presente se ha producido una    disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado.

2.- Para las asociaciones de jueces, el Ministro de Justicia no sólo no ha atendido ninguna de las reivindicaciones que se formulaban, sino que ha declarado pública y reiteradamente que no lo va a hacer. Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.

3.- Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.

4.- Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del  país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso. El objetivo que persiguen  es "crear las condiciones para que la Justicia  se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción".

5.- Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados.

6.- Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.

7.- Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados.

8.- Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora...). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar una de huelga de jueces y fiscales, el próximo día 20 de febrero, invitando al resto de profesionales de la Justicia a secundarla,  con las siguientes reivindicaciones:

1.    Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia. 

3.- Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.

4.- Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

5.- Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas. El indulto viaja en dirección contraria 

"No obstante, -añaden"- los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Pedimos el apoyo para esta convocatoria a la Plataforma Justicia para Todos y a los distintos sectores de la administración de justicia. Por ello, pese a que consideramos la huelga una medida de conflicto legítima y justificada, estamos dispuestos a desconvocarla siempre que el poder político abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos".

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