Ryanair mantiene la ilegalidad de las actividades de las páginas web de ofertas de reservas online de sus vuelos porque meten al usuario en “innecesarios cargos o tarifas más altas”. Según la aerolínea irlandesa, la cancelación de miles de reservas es la “más rápida y efectiva forma de desincentivar esta actividad ilícita”.
Con estas páginas, además, y siempre según fuentes de la compañía, se puede crear al usuario la idea de que la web oficial de Ryanair es superflua para hacer las reservas, por lo que el comprador podría estar pagando de más sin saberlo, cosa que Ryanair ha verificado en el sitio italiano Bravofly y en el alemán V-Tours.
Sorpresivamente, es de lo mismo de lo que otras páginas quieren acusar a Ryanair. Según Javier Bellido, director general de eDreams, el verdadero motivo de todo estriba en que este tipo de páginas, al ofrecer comparativas, destruyen el gran mensaje de Ryanair, que siempre gira alrededor de lo baratos que ofrecen sus pasajes. La compañía aérea, afirma Bellido, "no quiere que las agencias de viajes ofrezcan comparativas de precios y así evidenciar que en muchas ocasiones Ryanair es la opción más cara". La compañía ha sido condenada por jueces británicos por publicidad engañosa, práctica que, por otro lado, no es exclusiva de las líneas llamadas "low cost": anunciar precios irrisorios que, tras sumar recargos de variada índole, son equiparables a los precios que ofrecen las líneas tradicionales.
Acciones desde FACUA
Desde la asociación de consumidores FACUA se ha denunciado a Ryanair por incumplimiento de sus obligaciones contractuales con los usuarios al cancelar los billetes por razones que no incumben de forma alguna a los pasajeros ni están legitimadas por la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
Además de la devolución del importe de sus billetes, que es lo que se está ofreciendo desde la aerolínea, los afectados tendrían también derecho a exigir "la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos", conforme al artículo 8.c del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Dichas denuncias han sido remitidas al Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, la Comisión Nacional de la Competencia y las autoridades de Consumo de las once comunidades autónomas donde opera la compañía: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia.
