La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha moderado el lunes 20 de junio un debate sobre propuestas electorales en materia de Justicia, organizado por la Abogacía Española donde se han dado a conocer las propuestas de los principales partidos para la próxima legislatura.
Por el PP participó Mª Jesús Moro, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca. Ha sido diputada en las dos últimas legislaturas, directora del Grupo de Investigación sobre Derecho y Nuevas Tecnologías del Congreso y portavoz de la Comisión de Justicia de 2012 a 2015.
En representación del PSOE estuvo Juan Carlos Campo, magistrado desde 1989, actualmente en excedencia. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía; vocal del Consejo General del Poder Judicial, y secretario de Estado de Justicia. En las Elecciones Generales de 2015, fue elegido diputado por Cádiz y ejerció como portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia.
Por Ciudadanos, intervino Patricia Reyes, abogada, Diputada y concejal en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Ha ejercido en el turno de oficio y ha trabajado como funcionaria de Justicia. Ha sido Secretaria Tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados y actualmente es vocal de la Diputación Permanente.
Jaume Moya completó la mesa en representación de Podemos. Moya, licenciado en Derecho y postgrado en Gestión Inmobiliaria, trabaja como procurador de los tribunales. Fue elegido diputado por la formación En Comú Podem por la provincia de Lleida en las elecciones generales de 2015, y ha sido Vocal en la Comisión de Justicia.
Victoria Ortega inició el debate -articulado en tres grandes bloques- recordando que "este encuentro sirve para rectificar un error pertinaz de los políticos" al olvidar en su campaña electoral su apuesta por la Justicia.
MODELO DE JUSTICIA QUE PROPONE CADA PARTIDO POLÍTICO
En el primer bloque se abordó la propuesta de Pacto de Justicia de la Abogacía y el modelo de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del fiscal general del Estado.
María Jesús Moro (PP) propuso regenerar el CGPJ pero no trasladar sombras de duda. Además apostó por consensuar un modelo en el que se encuentren más cómodos todos los partidos y escuchas a todos los profesionales. Sobre su nombramiento, reconoció que es un tema muy difícil y aseguró que la actual Comisión Permanente se hizo más ágil para tomar decisiones; además se mejoró la transparencia de la institución.
Juan Carlos Campo (PSOE) aseguró que el gran problema del CGPJ es su designación y contenido. Propuso que los vocales sean designados en sede parlamentaria con una composición plural y cuya designación se corresponda con un parámetro de calidad. Aseguró que se necesita en el Parlamento una comisión de evaluación para los nombramientos con personas de reconocido conocimiento; además la Constitución no recoge la creación de vocales en una comisión permanente.
Podemos, según Jaume Moya, propone -para salvaguardar la independencia judicial- que los vocales sean elegidos por los ciudadanos y que un órgano colegiado vele por la transparencia de este procedimiento. Los vocales deben tener 10 años de experiencia y reconocido prestigio.
Patricia Reyes (Ciudadanos) denunció la situación preocupante de la Justicia y propuso reducir el número de vocales del CGPJ y reformar la institución para asegurar su independencia. El partido apoya volver al sistema de 1980 y que se recoja en la Constitución que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados. Que se recoja en la Constitución el proceso de selección, que deben ser propuestos por la carrera judicial.
Respecto al Pacto de Estado por la Justicia, el PSOE indicó que esta propuesta se queda corta y defendió un Acuerdo Social con todos los colectivos. Sus fundamentos serían tres pilares: reformas normativas (planta judicial), reformas organizativas (con ruptura de esquemas tradicionales) y reformas tecnológicas (en base al esquema judicial de interoperabilidad).
Podemos propuso, a partir del diálogo, un Pacto de Estado por la Justicia basado en transformar el CGPJ con criterios de participación ciudadana, establecer garantías para un proceso accesible a los ciudadanos y modernizar el sistema judicial basado en la eficiencia y eficacia, pero con una auditoría previa del servicio de estadística.
Por su parte Ciudadanos apostó por un plan de modernización en la Justicia con una inversión de 500 millones de euros entre
CIUDADANOS Patricia Reyes
2016-2017 y 800 millones posteriores como plan de choque. Es necesario el expediente electrónico judicial y más jueces, según Reyes.
PP defiende una Estrategia Nacional que vaya más allá del Pacto de Estado por la Justicia, donde se escuche a todos los profesionales y se planifiquen las reformas necesarias. Durante la X Legislatura se avanzó en solucionar problemas para agilizar y hacer la Justicia más cercana al ciudadano.
REFORMAS LEGISLATIVAS QUE APROBARÍAN O DEROGARÍAN
En este bloque se debatió sobre normas aprobadas en la pasada legislatura como la limitación del periodo de instrucción, la reducción al mínimo de la Jurisdicción Universal o la Ley de Seguridad Ciudadana y la investigación por el fiscal con un juez de garantías
Ciudadanos censuró que en la pasada legislatura se haya legislado por decreto y a espaldas de los profesionales, y puso como ejemplo la limitación del tiempo de instrucción y la puesta en marcha de LexNET que entraron en vigor al mismo tiempo. Reyes denunció que con la reforma de la Jurisdicción Universal se ha abierto un espacio de impunidad. Propuso la derogación de las tasas judiciales para pymes y ONGs que ya contó al final de la XI Legislatura con el apoyo del PP. Debe asegurarse la independencia del fiscal general del Estado a través del Consejo Fiscal. No está a favor del fiscal instructor, pero abierto al consenso, y redefinir su papel y retomar el Código Procesal Penal.
PP destacó que se ha realizado un esfuerzo extraordinario para limitar el tiempo de instrucción con el refuerzo de 80 fiscales para que no haya un espacio de impunidad. Moro destacó la necesidad de contar con una nueva LECRim y trabajar por una Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Sobre la fiscalía, propuso desarrollar el actual Estatuto y mejorar su procedimiento de nombramiento, defendiendo un mayor papel del instructor y del juez de garantías. También reconoció que la Ley de Seguridad Ciudadana se modificó y aprobó con los informes recibidos.
Campo (PSOE) anunció que derogarían todas las normas aprobadas sin consenso y que estén perjudicando a los ciudadanos poniendo como ejemplos el art 324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (reducir plazos de instrucción), art 315 del Código Penal (prisión permanente revisable), tasas judiciales y Estatuto de los Trabajadores. Los socialistas propusieron modificar el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal con más independencia funcional y presupuestaria. Reformar el Consejo Fiscal y una nueva LECrim para que los jueces no instruyan y den garantías al fiscal que lleva la investigación.
Podemos denunció la Ley de Seguridad Ciudadana como una ley mordaza y calificó como ley Berlusconi la limitación de los periodos de instrucción. Moya anunció su derogación, además de las tasas judiciales para pymes y ONGs, y también de la reforma laboral. Además propuso la recuperación de la Jurisdicción Universal. Sobre el fiscal general del Estado propuso revisar de forma integral su nombramiento para que participen los ciudadanos en su elección. Defendió, al igual que Ciudadanos, aprobar una ley de defensa del denunciante de la corrupción.
PROPUESTAS PARA REGULAR LA PROFESIÓN DE ABOGADO
El último bloque abordó la regulación de la Justicia Gratuita, la ley de servicios y colegios profesionales y la ley de acceso.
Podemos inició este bloque proponiendo la elaboración de un nuevo texto de Justicia Gratuita con una justa retribución a todos los participantes en este servicio; acabar con las designias express y apoyar la especialización de los diferentes servicios. Moya dijo No a la liberalización a ultranza de los servicios profesionales, siendo fundamental el papel de los Colegios Profesionales. Sobre la Ley de Acceso propuso evitar su privatización mediante una amplia política de becas.
Ciudadanos propuso un salario digno y dotar de recursos a la Justicia Gratuita, para que abogados y procuradores cobren a tiempo. Defendió que se revise la Ley 1/1996. Sobre la Directiva europea de servicios, Reyes propuso escuchar a los colegios profesionales ante cualquier reforma y que la formación es fundamental. Sobre la Ley de Acceso aseguró que todos deberían tener la posibilidad de contar con becas.
Sobre la Justicia Gratuita, el PP aseguró que se ha incrementado los supuestos de colectivos más necesitados y que la reforma de esta ley se ralentizó para buscar consenso con los partícipes. Quieren una ley duradera y que la gestión siga a cargo de los Colegios de Abogados, además de un acuerdo con las CCAA para actualizar baremos. Sobre los servicios profesionales, Moro aseguró que en la anterior legislatura se habló con todos los colectivos, asegurando la incompatibilidad en el ejercicio entre abogado y procurador. Mostró su preocupación de hablar de privatización en los másteres de acceso, y que esta norma está sujeta a revisión.
Campos (PSOE) apostó por un gran consenso para saber qué Justicia Gratuita queremos, y que llegue a todos los que necesiten asesoramiento, como es el caso de los presos. Además apostó por homologar baremos. Defendió la existencia de los colegios profesionales, pero reconoció que hay ciertos sectores en los que no es necesario exigir la colegiación, por lo que propuso revisar el concepto de obligatoriedad.
La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, aseguró a los asistentes que vamos a seguir insistiendo en la Justicia Gratuita, en el Pacto de Estado, en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y en una política responsable con la tragedia de los refugiados. Para ello "os pedimos diálogo y consenso con la posibilidad de llegar a acuerdos, y ahí nos tendréis siempre a vuestro lado"
