El Ministerio de Economía aumentará hasta un 10% los requisitos de capital mínimo para las entidades financieras que no coticen. Se adelantan los requisitos previstos en Basilea III para 2013.
La Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se puso ayer en comunicación con el Presidente de la Asociación Española de la Banca para comunicarle las nuevas condiciones de solvencia que se impondrán a las entidades dentro del Plan del Gobierno para el Reforzamiento del Sector Financiero.
El Plan del Gobierno para el Reforzamiento del Sector Financiero tiene dos objetivos prioritarios: restaurar la confianza de los mercados en la economía española y en la credibilidad de las entidades financieras y facilitar la financiación de éstas, garantizando la canalización del crédito a la economía. En el caso de las cajas de ahorros el objetivo del plan es el mantenimiento de la obra social.
Las medidas incluidas en esta iniciativa se concretan en tres bloques:
1.- Refuerzo de los requisitos de solvencia de las entidades de crédito.
- Se establecerá, con carácter inmediato, y con el fin de despejar cualquier duda que pudieran albergar aún los inversores, un requerimiento mínimo de capital básico que adelanta los requisitos de capital establecidos en Basilea III.
- Este nivel mínimo de capital básico se situará en el 8%, y del 10 % para aquellas entidades que no coticen o no tengan presencia significativa de inversores privados, y que además presenten una dependencia de los mercados de financiación mayoristas.
- Para garantizar que las entidades alcancen ese ratio de solvencia mediante su recapitalización, y que el crédito fluya con normalidad a la economía, ese requisito deberá cumplirse con referencia al conjunto de los activos ponderados por riesgo que existan en los balances de las entidades a 31 de diciembre de 2010. Dichas entidades contarán con un plazo hasta el otoño para captar el capital necesario para llegar al nivel requerido.
2.-Para garantizar el cumplimiento íntegro de los nuevos requisitos por parte de todas las entidades, el Gobierno autorizará al FROB a habilitar apoyos temporales mediante la adquisición de acciones ordinarias en condiciones de mercado para aquellas entidades que no cumplan con los niveles de recursos propios exigidos o para aquellas que así lo soliciten. El FROB permanecerá, en estos casos, como inversor con un horizonte temporal nunca superior a los cinco años.
Estudio de PwC y el Instituto de Empresa
El informe "Basilea III y los retos de la banca" analizó las principales novedades del nuevo marco regulatorio y sus consecuencias.
Entre los elementos más destacados de Basilea III está la exigencia de más y mejor capital. A las entidades se les exigirá más capital mediante unos requerimientos más altos en relación a los activos ponderados por riesgo, así como mediante una ratio de apalancamiento y unos colchones de capital para utilizar en situaciones de crisis. Además habrá una definición más restrictiva del concepto de capital básico -capital y reservas-, dejando fuera a la práctica totalidad de las participaciones preferentes emitidas por la banca española en los últimos años.
El informe señala que una mayor capitalización afectará en gran medida a las entidades al tener que financiarse más por la vía del capital que mediante deuda y podría penalizar algunas inversiones al tener consumir mayores recursos propios. La incertidumbre y la volatilidad de los mercados no estimularán precisamente el crecimiento de las emisiones de acciones y otros activos computables, por lo que las entidades, para cumplir los requisitos de recursos propios, pueden verse obligados a vender activos, como participaciones en empresas, inmuebles, bonos, etc.
De esta manera se penaliza el modelo de entidad como accionista de referencia de empresas lo que hará que esas compañías participadas por bancos y cajas apelen más a los mercados primarios de valores.
El trabajo del PwC y el IE también señala que los nuevos requerimientos de liquidez impulsados por Basilea III obligarán a transformar los balances de las entidades, lo que podría perjudicar a la banca comercial tradicional. Además, se favorecerá la transformación de fondos de inversión y de pensiones en depósitos bancarios. Asimismo, las participaciones industriales, especialmente las no cotizadas, se verán penalizadas al requerir la entidad mayor financiación estructural (recursos propios y deuda a medio y largo plazo).
Otra de las conclusiones del informe se centra en la exigencia de un menor apalancamiento de las entidades, un factor que aportará estabilidad financiera y económica, pero que limitará las inversiones de todo tipo, incluidas las crediticias.
