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Moncloa destina en dos semanas 53 millones de euros al mantenimiento de sedes judiciales

20 de Junio de 2016

Una semana después de que el Gobierno aprobara invertir 36 millones de euros para subcontratar los servicios de limpieza de diversas instalaciones judiciales, el Consejo de Ministros del pasado viernes acordó destinar 17 más a la contratación del mantenimiento integral de instalaciones ubicadas en edificios administrativos, sedes judiciales y departamentos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses adscritos a diversas gerencias territoriales.

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Como se informó, los 36 millones iniciales se destinarán a un total de quince lotes para la limpieza de las oficinas que albergan las gerencias territoriales, los edificios de los departamentos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los inmuebles en los que se ubican los órganos judiciales adscritos a las gerencias de Illes Balears, Burgos, Cataluña, Extremadura, Galicia, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia y Valladolid.

En cuanto a los 17 millones aprobados el pasado viernes, la licitación de estos contratos se realizará mediante procedimiento abierto conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha licitación resulta necesaria en previsión de que el 31 de marzo de 2017 finalicen los que están actualmente en vigor y es imprescindible asegurar que, llegada esa fecha, los órganos judiciales y departamentos del citado Instituto puedan seguir desarrollando su labor con normalidad y prestar los servicios que les son propios. La contratación externa de los servicios de mantenimiento se realiza tradicionalmente de esta forma ya que no se dispone de medios propios para su desarrollo.

El presupuesto total estimado alcanza los 17.114.000 euros, que se destinarán a un total de diez lotes para el mantenimiento integral de las oficinas que albergan las gerencias territoriales, los edificios de los departamentos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los inmuebles en los que se ubican los órganos judiciales adscritos a las gerencias de Illes Balears, Burgos, Valladolid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Murcia y Sevilla.

La duración del contrato será de veinticuatro meses a contar desde el día 1 de abril de 2017, con un valor estimado de 9.498.820 euros, aunque se contempla la posibilidad de prorrogarlo durante otros veinticuatro meses hasta llegar a la cifra total apuntada inicialmente.

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