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28/03/2024. 13:20:54

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Moncloa dota con 60 millones el servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior

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El servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior ha recibido el visto bueno del Ejecutivo para ser contratado por un valor estimado de 60.237.549,60 euros.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El impulso a la contratación fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Según informó el Ejecutivo al término de la reunión de la mesa interministerial, el contrato se iniciará el 1 de mayo de 2018 o el día siguiente al de su formalización si fuese posterior, con una duración de un año y posibilidad de prórroga por un máximo de otro año.

Casi mil empleos en un total de 68 centros

Este contrato, al igual que el existente, afectará a todos los centros penitenciarios existentes, un total de 68, lo que supone más de novecientas personas empleadas cuyos cometidos, bajo el control y supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirán tareas de vigilancia de los controles de acceso, impedir salidas no autorizadas, comunicación de las alarmas e incidencias, y manejo y observación de los sistemas técnicos de vigilancia. Al igual que el vigente, el nuevo contrato se divide en cinco lotes que agrupan a los centros penitenciarios conforme a su ubicación geográfica.

Aprobadas las servidumbres acústicas de cuatro aeropuertos

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó, mediante cuatro Reales Decretos, las servidumbres acústicas, mapa de ruido y plan de acción de los aeropuertos de Bilbao, Ibiza, Sevilla y Valencia. La servidumbre acústica se corresponde con las zonas en las cuáles se superan los objetivos de calidad acústica establecidos en la Ley del Ruido, de 2003.Tiene por objetivo principal enmarcar la aprobación de un plan de acción contra el ruido para tratar, por un lado, de reducirlo y, por otro, de minimizar sus efectos.

Además de los procesos de información pública a los que se han sometido los citados documentos, en la tramitación de los Reales Decretos aprobados "se ha prestado especial atención a una participación eficaz de todas las administraciones afectadas, especialmente los Ayuntamientos correspondientes y sus respectivas Comunidades Autónomas, con objeto de conseguir la mayor coordinación administrativa al respecto", informó el Gobierno.

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