El 18 de noviembre de 2016 el Consejo de Ministros envío a la Mesa del Congreso una solicitud para que revocase la decisión de admitir a trámite dos proposiciones de Ley impulsadas por la oposición en el periodo en el que el Gobierno se encontraba en funciones. Se trataba de la iniciativa del PSOE para suspender el calendario de aplicación de la LOMCE y de la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborales de los subcontratados. Dos meses después y tras el rechazo de la Mesa del Congreso, el Ejecutivo acordó en su reunión del pasado viernes plantear sendos conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
Según argumenta el Ejecutivo, las razones expuestas en la contestación del Congreso suponen una infracción del artículo 134.6 de la Constitución al frustrar el ejercicio de una facultad que la Constitución reconoce expresamente al Gobierno: la de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que supongan un aumento de gastos o disminución de ingresos presupuestarios.
Las dos proposiciones de ley del PSOE ya están en plena tramitación parlamentaria pues fueron tomadas en consideración por el Pleno. En su reunión del 13 de diciembre, la Mesa del Congreso –por unanimidad en el caso de la LOMCE y con el voto en contra del PP en el de las subcontratas– se ratificó en su rechazo a los vetos del Gobierno, que tachó de "arbitrarios" y sin la suficiente justificación. La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, comunicó la decisión al Ejecutivo en sendos escritos fechados el 20 de diciembre.
Con la recepción de estos textos en Moncloa, comenzó a correr el plazo de un mes que fija el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para la presentación de sendos conflictos de atribuciones. Es decir, el Gobierno tenía que ir al TC antes del 21 de enero y finalmente ha sido este mismo viernes cuando ha tomado la decisión de plantear este conflicto institucional. En opinión de Moncloa, en los dos casos la Mesa justificó su decisión con un escueto texto, en el que únicamente argumentaba que "el Gobierno no justifica de forma objetiva y suficiente el aumento de créditos o disminución de ingresos", sin mayores explicaciones.
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, explicó el pasado viernes que el Ejecutivo no pretende "entrar en el fondo" de esas iniciativas, pues de hecho considera resuelto el tema del calendario de la LOMCE con el decreto ley que aprobó después Educación, sino que busca "asegurar su derecho constitucional de oponerse a cualquier iniciativa que implique aumento de gasto o disminución de ingresos". A su juicio, poder frenar esas iniciativas es "una regla esencial del juego en cualquier Parlamento democrático" porque, en caso contrario, los Presupuestos Generales "no tendrían virtualidad" y podrían verse alterados por cualquier iniciativa.
Cabe recordar que el Tribunal de Garantías estudia en la actualidad un conflicto de atribución de competencias entre los dos poderes del Estado, interpuesto en ese caso por el Congreso de los Diputados, relativo al control parlamentario ordinario a un Gobierno en funciones.
