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Moncloa ve inconstitucional que los funcionarios de Castilla-La Mancha trabajen 2,5 horas menos

18 de Abril de 2016

El Consejo de Ministros del pasado viernes impulsó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Castilla-La Mancha que rebaja de 37,5 a 35 horas la jornada general de trabajo del personal al servicio de la Administración de la citada Comunidad Autónoma. Según justifica el Gobierno central, la medida contraviene lo dispuesto por el Estado a través de la Ley de Presupuestos Generales de 2012, dictada con carácter básico, por la que se establece que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual.

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La norma recurrida es la Ley 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Exposición de Motivos de la Ley autonómica refiere que el aumento de la jornada de trabajo en 2,5 horas adoptada por el Gobierno regional durante la anterior legislatura ante el escenario de grave crisis económica y dificultades de acceso a la financiación, "ha supuesto una destrucción de puestos de trabajo, lo cual ha repercutido en la calidad de los servicios, públicos básicos que presta la Administración". Además, "para los empleados públicos ha supuesto también un enorme esfuerzo, pues esta medida ha incidido notablemente en la posibilidad de compatibilizar su trabajo con su vida familiar y personal".

En línea con este argumento, el precepto objeto de impugnación por el Estado, el artículo 1 (Modificación de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales), regula y modifica el artículo 1 de la Ley 1/2012 con la siguiente nueva redacción: "La jornada general de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su régimen jurídico, será de treinta y cinco horas semanales de promedio".

Suspensión de la norma

Frente a estos argumentos legislativos, el Ejecutivo central va a solicitar al Tribunal de Garantías como primera medida que se proceda a suspender la disposición impugnada, al amparo del artículo 161.2 de la Constitución

Sostiene el Gobierno central que la ley autonómica en general y el precepto de la misma objeto impugnación, en particular, contraviene lo dispuesto por el Estado a través de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2012, dictada con carácter básico, por la que se establece que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual.

Según informó el Gobierno al término del Consejo de Ministros, esta solicitud de recurso se lleva a cabo después de que la negociación prevista en el artículo 33.2 de la Ley del Tribunal Constitucional "haya sido infructuosa y tras avalar el Consejo de Estado que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso".

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