La Federación Española de Municipios y Provincias está colaborando activamente con el Gobierno en la reordenación de competencias propias de los Gobiernos Locales. Antes de que termine el año se les ajustarán las competencias, con la correlativa previsión de financiación, bien en forma de nuevo recurso fiscal, fuente procedente de transferencia, de atribución de personal o de cesión de estructuras materiales.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho ayer tras pronunciar una conferencia en el Círculo de Economía en Barcelona que está en curso un amplio proceso de análisis de los ayuntamientos en cuenta a actividades dentro y fuera de sus competencias y cuestiones que acometen sin tener la capacidad económica para hacerlo. Montoro ha dicho que el Ministerio se pondrá a hacer los presupuestos de los 2.000 ayuntamientos que no pueden hacer frente al pago de proveedores y no cuentan con plan de ajuste.
Delimitar las competencias locales y su financiación o agrupar municipios en función de su población, son algunas de las medidas que ya tiene diseñadas el Gobierno para eliminar duplicidades y aumentar la eficiencia de las Administraciones Públicas. Así queda recogido en el Programa Nacional de Racionalización 2012 que obra en el Ejecutivo.
El último Consejo de Ministros de abril presentó el Programa Nacional de Reformas 2012 una agenda de reformas estructurales que contiene:
- objetivos de consolidación fiscal;
- fomento del crecimiento y la competitividad;
- lucha contra el desempleo;
- reactivación del crédito;
- mejora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, y
modernización y racionalización de las Administraciones Públicas.
En el marco de este último
objetivo, el Programa prevé una racionalización del número de Ayuntamientos,
en la que incluye delimitar las competencias locales y su financiación, así
como agrupar municipios en función de su población. Con ello se persigue
eliminar duplicidades y, sobre todo, hacer más eficiente el funcionamiento de
las Administraciones Públicas.
Las medidas más concretas serán dos:
1.-Delimitación de competencias locales y financiación.
Se delimitarán en 2012, mediante legislación básica, las competencias propias de los municipios, así como las competencias transferidas, de manera que no realicen más actividades fuera de ellas.
La delimitación competencial irá acompañada de la correlativa previsión de financiación, bien en forma de nuevo recurso fiscal, fuente procedente de transferencia, de atribución de personal o de cesión de estructuras materiales. En todo caso, no se admitirán convenios para que los Ayuntamientos desarrollen competencias delegadas.
2.– Agrupación de municipios
Las competencias se estratificarán por tramos de población, lo que facilitará la agrupación de municipios, de modo que sólo tengan esta consideración los que alcancen un umbral determinado de población.
Pago a proveedores
Según cifras de la Secretaría de Estado de Administraciones públicas, dentro del Plan de Pago a proveedores un total de 4.622 entidades locales han presentado casi dos millones de facturas por un importe de 9.750 millones de euros, de las que se abonarán 1.629.322 facturas. A cambio de poder pagar las facturas pendientes, lo salvará empleos, a un interés muy inferior al ofrecido por el Gobierno anterior, los Ayuntamientos debían presentar un Plan de Ajuste riguroso y creíble.
Un total de 2.619 Entidades Locales han remitido sus planes, de los que la gran mayoría, 2.305, han tenido una valoración favorable del Ministerio, frente a los 315 que han tenido una valoración desfavorable. Además, 2.004 Entidades Locales no presentaron Plan de Ajuste. El récord de España es el de un Ayuntamiento de la provincia de Guadalajara que requerirá de 7.058 años para saldar sus deudas comerciales; en otro de Teruel se necesitarán 462 años para saldar sus obligaciones.
Según el Secretario de Estado, estos datos demuestran la falta de control por falta de los gestores y un fallo en el sistema que se ha solucionado con la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impedirá que se vuelva a producir.
En una entrevista concedida a Legal Today, Fernando Díaz Barco, jefe del departamento Contencioso Civil y Penal de FCC y autor de la Guía para la reclamación de deudas de la Administración pública adaptado a la nueva normativa para la financiación del pago a proveedores, editado por Thomson Reuters Aranzadi nos hablaba de la litigiosidad que genera la Administración morosa y puntualizaba que "inicialmente se busca siempre el acuerdo con las administraciones deudoras. Piénsese que en muchos casos, en la mayoría me atrevo a decir, se sigue trabajando con la administración deudora en ese mismo servicio que se está impagando y en otros servicios y obras. Nunca es fácil una relación jurídica cuando las partes tienen litigios pendientes. No obstante, la litigación en muchos caso es inevitable y es un arma fundamental para el cobro de las deudas. Podemos afirmar que por desgracia, en los últimos tiempos, tener litigios con las administraciones contratantes se ha hecho algo de lo más habitual o normal".
