La propiedad intelectual e Internet no se llevan bien. Siguiendo con la metáfora, se llevan…como el perro y el gato. Sin embargo, gracias a las famosas descargas, la Sociedad General de Autores ingresó en 2008, según datos conocidos la semana pasada, 334 millones de euros. Tal y como vamos informando en Legal Today, actualmente las descargas en España no son delito, y una nueva Ley, que pondría al día la situación, nadie quiere encararla: no hay consenso en el Parlamento y las mayorías serían difícilmente alcanzables. Dado este estado de cosas, y la nueva Ministra; todo indica que se regulará por Decreto. Probablemente haya mucha contestación social.
Las redes p2p generan gran controversia. Con la ley en la mano, las descargas que se realizan gracias a estos sistemas no son ilícitos penales; sin embargo, los jueces admiten a trámite una y otra vez estos asuntos.
La sentencia sueca de hace quince días, de la que se hicieron eco, horrorizados, todos los blogs y portales de los forofos de las descargas, parecía que podía marcar un antes y un después; hasta que trascendieron varios detalles, quizá de poca trascendencia jurídica; pero que sí explicaban la dureza del pronunciamiento de un modo no estrictamente legal.
Por lo que a España respecta, el estado de la opinión lo condiciona en gran manera la criticadísima Sociedad General del Autores y Editores, que abandera la defensa de la Propiedad Intelectual de un modo muy gráfico a base de demandas, cuotas, inspectores y visitas sorpresa a eventos donde se ponen en común contenidos que están protegidos por Derechos de Propiedad Intelectual, últimamente en la sevillana Feria de Abril.
La nueva Ministra de cultura, Ángeles González-Sinde, que en su posición de responsable del cine español se abanderó en la lucha contra las descargas, quiere iniciar el proceso para legislar de un modo más estricto las descargas de contenidos, pero se está encontrando con una oposición difícilmente salvable: ayer, Telefónica, Vodafone, Orange y Ono hicieron público un documento en el que rechazaban la posibilidad, planteada por la Coalición de Creadores, de desconectar del servicio de telecomunicaciones a quien realice descargas, en la misma línea que el Parlamento europeo, instancia que hace unos veinte días se pronunció en el mismo sentido.
Además, Redtel -que une a estas operadoras de telefonía- pide que se respeten los datos personales de consumidores y usuarios, así como que se cuente con las asociaciones de consumidores a la hora de legislar este tipo de actividades. Rechazan igualmente avisos a los abonados, que pueden ser tomados como intimidatorios, y bloqueos de páginas web.
Por ese motivo, se busca que la posible "Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales", monitorice todo ello; evitando de este modo al Ministerio de Cultura. ¿Se legislará? Por el momento la cosa no pinta nada bien.
