Herramientas para el texto

Ni halcones ni palomas

24 de Julio de 2008

Aparicio Caicedo,
analista del Gertrude Ryan Law Observatory


Las secuelas del 11-S generan todavía un intenso debate, y dos sucesos recientes lo han avivado. Primero, la administración Bush recibió un varapalo tremendo con la controversial decisión del Tribunal Supremo, la cual ha puesto fin al calvario judicial de un grupo de presos en Guantánamo señalando que ninguna norma los puede privarlos de sus garantías procesales básicas. Este precedente jurisprudencial ha permitido el inicio de diversos procesos judiciales ante la justicia norteamericana iniciados por las personas retenidas por la inteligencia militar. El segundo incidente fue la aprobación de una ley que legitima los controversiales programas de espionaje telefónico implementados por los servicios nacionales de espionaje.

Tradicionalmente, la clase política ha etiquetado sus propios proyectos como "cuestiones de seguridad" cuando necesita que el mundo entero les entregue prioridad absoluta, aprovechando el temor que impregna en el imaginario colectivo. La "supervivencia nacional" es la excusa que usaron Fidel Castro o Augusto Pinochet para encerrar o incluso matar a cualquiera que hubiere osado criticar al régimen. En nombre de la seguridad del Estado, el mandarinato chino ha encarcelado a decenas de periodistas y disidentes, todos culpables de pensar distinto y atreverse a decirlo. Ese mismo pretexto sirve para coartar día a día la libertad de expresión en Rusia. Décadas de dictadura han enseñado a  los europeos a reconocer muy bien los excesos que se pueden esconder detrás del barniz de la "seguridad de la nación". En algún lugar existe una delgada línea roja que no debe ser cruzada para no convertir la legítima obligación de un gobierno de proteger a sus ciudadanos en una inquisición desalmada.

Por siglos los juristas se han preguntado por el debido balance entre libertad y seguridad. ¿Estaremos cerca de la respuesta? En Estados Unidos, al menos, parece que no. Allí ese precario balance hoy parece más difuso que nunca. Las secuelas del 11-S generan todavía un intenso debate, y dos sucesos recientes lo han avivado.  Primero, la administración Bush recibió un varapalo tremendo con la controversial decisión del Tribunal Supremo, la cual ha puesto fin al calvario judicial de un grupo de presos en Guantánamo señalando que ninguna norma los puede privarlos de sus garantías procesales básicas. El segundo incidente fue la aprobación, hace pocos días, de una ley que legitima los controversiales programas de espionaje telefónico implementados por los servicios nacionales de inteligencia. Es decir, por un lado la cúspide del poder judicial hace un importante recorte de plumas a los hawks y, por el otro, el parlamento los compensa dándoles nuevas alas.

La sentencia Boumediene v. Bush parece haber estremecido los cimientos de la estrategia de seguridad de los neocons americanos. Mediante dicha decisión, el Supremo americano ha declarado categóricamente que los detenidos en la base estadounidense de Guantánamo, situada en territorio cubano, pueden acudir ante la justicia estadounidense para impugnar la legalidad de sus arrestos. Y, lo más importante, que ni el poder legislativo está facultado para privar a nadie del "privilegio de habeas corpus" conferido por la Constitución. No es poca cosa. Por primera vez en la historia de esa nación se reconoce jurisdicción a sus tribunales para conocer impugnaciones judiciales presentados por combatientes de guerra capturados por el ejército y retenidos en territorio extranjero.

La trascendencia de este fallo se percibe tanto en la euforia que ha desatado entre activistas de los derechos humanos como en el repudio unánime del conservadurismo estadounidense. El candidato republicano, John McCain, catalogó la sentencia como "una de las peores de la historia". Resulta también sorprendente que el fallo haya sido resuelto por un tribunal con una marcada tendencia de derecha. El legendario Reagan quizás nunca imaginó que sería el voto de Anthony Kennedy, ese brillante jurista que tanto se empecinó en llevar hasta la más alta escala judicial, el que marque la diferencia y ocasione una de las peores derrotas judiciales que ha sufrido la intelligetsia republicana durante las últimas décadas. Algunos jueces federales de primera instancia han empezado a aplicar este precedente jurisprudencial, se han iniciado ya procesos judiciales ante las demandas presentadas por los sujetos cautivos en la isla. Más aún, Guantánamo es sólo parte del problema. La inteligencia militar estadounidense tiene una extensa red de centros de detención similares en el mundo entero, incluso en el mundo entero.

Para muchos comentaristas, la disyuntiva entre seguridad nacional y Estado de Derecho no es tan aguda. Se trata de un falso dilema. Lo que se busca es presentar la situación como una disyuntiva entre seguridad nacional y cosmopolitismo jurídico ingenuo. Existen vías intermedias. Lo sucedido en Gitmo y otros centros de detención como Abu Ghraib constituye un extremo innecesario y poco útil estratégicamente -numerosos informes confirman la casi nula fiabilidad de los informes de inteligencia obtenidos en estos centros-. Francia y el Reino Unido, por ejemplo, han adoptado legislaciones muy severas con los sospechosos de terrorismo, pero no por ello renuncian por completo a las garantías mínimas de un Estado de Derecho.

Por otro lado, intensa también es la polémica que el Congreso de los Estados Unidos ha desatado con la aprobación de una reforma legislativa que amplia los poderes del gobierno para espiar a sus ciudadanos. Dicha enmienda permitirá realizar escuchas de llamadas internacionales sin una orden judicial previa y, lo más grave, librará a las compañías del Telecom de cualquier acción judicial presentada por los usuarios que sufran pinchazos en sus líneas. Todo comenzó cuando un reportaje del New York Times mostró los pormenores del intrusivo programa de espionaje instaurado por la Casa Blanca, y en virtud del cual se habían intervenido un sinnúmero de líneas telefónicas. Más estupor causó que tales prácticas contaran con la complicidad de las grandes empresas de telecomunicaciones. Desde entonces, temiendo un alud de demandas contra los conglomerados, la administración Bush auspició una ofensiva política para lograr la aprobación de leyes que eximan a las sociedades involucradas de toda responsabilidad.

El ejecutivo estadounidense señala que la enmienda constituye una apuesta legítima para agilizar la labor de la inteligencia. Por su parte, gran parte de opinión pública apunta que se trata de una medida para satisfacer las ansias del poderoso lobby de las telecomunicaciones. Lo único cierto es que esta innovación legislativa ha sorprendido a propios y extraños, particularmente por la serenidad con la que el Partido Demócrata ha accedido a los afanes del Despacho Oval. Incluso el propio Barack Obama se ha mostrado partidario de la medida. Aunque no hace falta ser profeta para adivinar que se trata de una maniobra estratégica. Los democrats quieren demostrar agallas en cuestiones de seguridad nacional de cara al electorado, aclarar que no son los blandos que los voceros republicanos dicen que son.

Finalmente, el debate quedará reducido, como siempre, a una dialéctica simplista en la que prevalecen los prejuicios ideológicos de uno y otro bando. No obstante, el mundo entero, especialmente Europa, debe mirar con atención el outcome de este diálogo social. Tenemos que enfrentar dilemas similares-en Suecia se ha levantado en días recientes la polvareda del espionaje telemático, en Londres el debate está al rojo vivo con las nuevas propuestas de Brown en materia de seguridad-. El oficio democrático no es simple, peor aún cuando se trata de establecer un límite tan delicado como el que requiere el dilema libertad-seguridad. Por su parte, España sabe muy bien lo difícil que es seguir el sendero de la legalidad cuando la lacra del terrorismo intenta minar nuestra voluntad. La experiencia nos ha enseñado que no es viable desnaturalizar el Estado de Derecho por grave que sea la amenaza. Ni halcones ni palomas, sino un poco de los dos.

Vote:
|| || || || |
Resultado:
544 votos
  • Comparte esta noticia en yahoo
  • Comparte esta noticia en technorati
  • Comparte esta noticia en digg
  • Comparte esta noticia en delicius
  • Comparte esta noticia en meneame
  • Comparte esta noticia en linkedin

Comente este contenido

Comenta el artículo

  • Legal Today le informa que los mensajes están sujetos a moderación
  • Legal Today no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus lectores
  • Legal Today excluirá los comentarios contrarios a las leyes españolas, injuriantes y los de índole publicitaria.

Sin comentarios

Búsqueda en noticias

Accesos adicionales:

© Editorial Aranzadi

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y poder ofrecerle las mejores opciones mediante el análisis de la navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información pulse aquí.   Aceptar

.