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19/03/2024. 07:00:42

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No cumplir con la Ley de Protección de Datos puede conllevar sanciones de hasta 20 millones de euros a las empresas

Abogacía Española

La pasada semana se celebró el Día Europeo de la Protección de Datos y en el marco de los cambios legislativos que introdujo la Unión Europea en 2018, y que supusieron un avance en la legislación de varios países, desde la sección de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual junto con la sección de Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías del Real e ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha llevado a cabo una Jornada sobre la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal y Garantía de los derechos digitales.

Imagen de una llave sobre fondo azul

En esta nueva legislación se contempla la figura del Delegado de Protección de Datos en las empresas, bien interno o externo, dependiendo de las particularidades de cada empresa. "No es obligatoria en todas las empresas, aunque sí en las que manejan un elevado volumen de datos, en la ley se habla de tratamiento de datos a gran escala", explicó Antonio Vargas, abogado del REICAZ y delegado de protección de datos y auditor en Protección de datos, quien añadió que "el criterio que marca la ley para que una empresa tenga un delegado de Protección de Datos viene guiado por la sensibilidad o relevancia de los datos que maneje. Por ejemplo, las federaciones deportivas están obligadas a contratar a un delegado ya que tratan datos de menores de edad, también están obligadas las entidades financieras y otras como las compañías eléctricas. En estos casos porque la información que obtienen de sus clientes pueden ayudar a identificar hábitos o información que va más allá del propio consumo". No depende tanto del tamaño de la empresa como del volumen y sensibilidad de la información que se maneja.

El DPO también puede ser un interlocutor

El delegado de protección de datos (DPO) es la persona física o jurídica que se encarga "de velar por que las empresas cumplan con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, puede ser también un interlocutor entre la empresa que presta sus servicios, con las administraciones públicas o incluso con los propios propietarios de esos datos y que sienten que han sido vulnerados", afirmó el letrado.

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