El PP y el PSOE podrían acordar incluir en el proyecto de ley de Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial una nueva disposición para pedir al Gobierno que proponga una regulación concursal específica para pymes y autónomos, con el objetivo de evitar el cierre de muchas pequeñas empresas, en la mayor parte de los casos viables, por culpa de circunstancias sobrevenidas.
Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que los 'populares' son receptivos a la petición del PSOE, que a través de enmiendas al proyecto de ley –procedente de un decreto ley que lleva en vigor desde marzo– propone al Gobierno impulsar en un plazo de tres meses un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de la deuda empresarial.
Dicho código debería "ofrecer a pymes y autónomos altamente endeudados pero viables la posibilidad de refinanciación o reestructuración de la deuda empresarial", sustituyendo así a un sistema concursal que "no resulta eficaz" para estas compañías de pequeño tamaño, que conforman la mayor parte del tejido empresarial español.
El principal partido de la oposición, que recuerda que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a España una medida de este tipo, cree que las posibilidades de recuperar una pequeña actividad son "muy limitadas" por lo que es preciso tomar todas las medidas posibles para evitar su cierre, facilitando la reestructuración o incluso la quita de deuda en determinadas circunstancias en las que el pago sea difícil por causas sobrevenidas como la imposibilidad de cobra de facturas.
Junto con esta enmienda, el PSOE también pide una vez más que en un plazo máximo de seis meses se presente al Congreso un proyecto de ley de Insolvencia de las personas físicas que incluya un procedimiento ad hoc para diseñar planes de pagos efectivos con o sin quitas que permitan al deudor solucionar su situación sin "conducir a su exclusión económica".
Voluntad de acordar
Según las fuentes consultadas, el pasado martes la Ponencia del Congreso que tramita la ley renunció a incluir directamente ninguna del casi centenar de enmiendas presentadas por la oposición –incluyendo la docena del PP–, que serán por tanto debatidas y votadas en la Comisión de Economía del próximo martes.
Esto da tiempo para que el partido que da sustento al Gobierno ofrezca a los demás grupos textos transaccionados sobre la base de sus enmiendas, y el tema del concurso específico para pymes y autónomos podría incluirse entre esas propuestas 'populares', lo que facilitaría el apoyo de la oposición, que ya votó mayoritariamente a favor de la convalidación del decreto el pasado mes de marzo.
Un apoyo que, en parte, se consiguió gracias a la disposición del ministro de Economía, Luis de Guindos, de tramitar la norma como proyecto de ley para enriquecerla con las aportaciones de la oposición, que confía en que ese ofrecimiento se verifique la próxima semana y se puedan acordar cambios para que la norma salga del Congreso con el mayor consenso posible.
Regulación del administrador concursal
En cualquier caso, las enmiendas que sí se incorporarán –con su redacción original o con algún cambio a propuesta de la oposición si el PP lo considera conveniente– son las del Grupo Popular, que fundamentalmente se refieren a la regulación de la figura del administrador concursal.
En concreto, se endurecerán los requisitos para ejercer esta función, para lo cual habrá que estar inscrito en el Registro Público Concursal y haber declarado la disposición a ejercer de administrador en caso de concurso de una empresa. De hecho, se realizará un sorteo para elegir al primer administrador con el nuevo método y los siguientes se nombrarán por turno correlativo.
Además, se abre la puerta a la posibilidad de exigir la realización o superación de pruebas o cursos específicos, o incluso condiciones concretas en caso de concursos de tamaño medio y grande, para los que el juez podrá saltarse el turno rotativo y designar un administrador concreto.
El PP modifica asimismo el régimen de retribuciones del administrador concursal para vincularlas, entre otros criterios, a la eficiencia en el ejercicio de sus funciones. Así, quienes se hagan cargo de la administración de una empresa durante su proceso de concurso tendrán derecho a cobrar, salvo que hayan sido nombrados a propuesta del FROB, la CNMV o el Consorcio de Seguros, pero el juez tendrá en cuenta para fijar su salario el número de acreedores, la acumulación de concursos y su tamaño, pudiendo incluso reducir la cuantía si el administrador incumple sus obligaciones, si se retrasa o si su trabajo tiene una "calidad deficiente".
En concreto, se considerará que el trabajo es deficiente siempre que el administrador incumpla cualquier obligación de información a los acreedores, cuando exceda en más de un 50% cualquier plazo fijado o cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o superior al 10% del valor de la masa activa o de la masa pasiva. En este último caso, la retribución será reducida "al menos" en la misma proporción.
Los socialistas, que no se oponen en líneas generales a estas enmiendas y que coinciden en que hace falta regular bien el funcionamiento de los administradores concursales, optarán previsiblemente por la abstención como queja por la decisión del PP de presentar estos cambios en forma de enmienda, lo que impide que el resto de grupos puedan plantear sus propias ideas.
