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28/03/2024. 21:00:06

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Procedimiento de urgencia para la normativa que aumenta la protección de los autónomos

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Tras recibir el dictamen y la valoración positiva global del Consejo Económico y Social, se han enviado a las Cortes Generales para su tramitación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y de la Economía Social y el Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, «dos proyectos muy importantes para fomentar el crecimiento y la creación de empleo» en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Las normas recogen en un solo texto los incentivos en vigor para los autónomos, amplían algunos de ellos a otros colectivos, ponen en marcha nuevas medidas para impulsar el empleo autónomo y la economía social; y dan a los trabajadores mayor protagonismo en la dirección de las Sociedades Laborales y Participadas.

José Ignacio Wert, Soraya Sáen de Santamaría y Alfonso Alonso

La reunión del Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó el envío a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y de la Economía Social y el Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, tras verificarlos el Consejo Económico y Social. Las normas se tramitarán por el procedimiento de urgencia en las cámaras para facilitar su entrada en vigor en pocas semanas.

Con el Proyecto de Ley de Fomento del Trabajo Autónomo se modifica y actualiza toda la normativa en materia de autoempleo, y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. El Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, por su parte, actualiza y pone orden en la normativa existente relativa a este tipo de sociedades para adaptarlas a la nueva realidad económica. De esta manera, los diferentes incentivos en vigor que hasta ahora se encontraban dispersos en diversas normas, se recogerán en un único texto que se incluirá en el título V de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo y en la Ley de Economía Social.

Con este nuevo paquete de medidas y conforme a las previsiones de crecimiento actuales, el Gobierno estima que el autoempleo pueda crecer en 550.000 personas hasta el año 2019.

Aumento de la Tarifa Plana

Respecto a la Tarifa Plana para Autónomos, el Proyecto enviado a las Cortes Generales establece  la cuantía de la cuota por contingencias comunes en 50 euros durante 6 meses (12 meses en caso de las personas con discapacidad) aumenta el incentivo para los autónomos que comiencen una actividad por cuenta propia y sucesivamente contraten a trabajadores por cuenta ajena, y extiende los supuestos de la Tarifa Plana Especialmente Protegida a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

Segunda oportunidad

Independientemente de la edad del solicitante, se podrá capitalizar la totalidad de la prestación por desempleo, facilitando la inversión y los gastos iniciales para emprender una actividad por cuenta propia. Se podrá solicitar capitalizar el 100% en un único pago, o bien solo una parte y usar el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social, o, por último, destinar toda la prestación al abono de las cuotas sociales.

Los mayores de 30 años podrán compatibilizar durante un máximo de 270 días la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, posibilidad hasta ahora reservada únicamente a los menores de treinta años. Para favorecer la seguridad del emprendedor y facilitarle una segunda oportunidad, se amplía el plazo desde los 24 hasta los 60 meses para la reanudar la prestación por desempleo, tras empezar una actividad por cuenta propia.

Refuerzo de los mecanismos de protección de los autónomos

Los autónomos económicamente dependientes -aquellos que perciben al menos el 75 por 100 de sus ingresos de un único cliente o empresa- podrán contratar un trabajador para conciliar la vida familiar y laboral. Con ello se quiere contrastar la posibilidad de extinción del contrato de estos trabajadores cuando una maternidad o paternidad cause un perjuicio importante al cliente.

Se amplían, además, los incentivos para los familiares colaboradores, que obtendrán una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social en el RETA durante 24 meses: del 50% los primeros dieciocho meses y del 25% durante los seis meses adicionales.

Economía Social

El Proyecto de Ley amplía las bonificaciones a todos los tramos de edad. Para los mayores de treinta años (35 con discapacidad igual o superior al 33%) la norma establece una bonificación de ochocientos euros al año durante un máximo de tres años. Para menores de treinta años, la  bonificación se amplía a 1.650 euros durante el primer año. Las empresas que contraten a personas en situación de exclusión social mantienen una bonificación de 850 euros al año durante un máximo de tres y de 1.650 euros si son menores de treinta años o de 35 años con discapacidad reconocida del 33%).

En esta misma línea, las empresas ordinarias verán ampliada la bonificación prevista actualmente a 1.650 euros el primer año, frente a los 600 euros previstos en la actualidad, o 500 euros en caso de contratos temporales. El Proyecto reconoce a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción como entidades prestadoras de servicios de interés económico general, que les permitirá ampliar hasta 500.000 euros la cuantía que pueden recibir en concepto de subvenciones en un período de tres años.

Por último, la Ley introduce la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público (reserva de mercado), algo que hasta ahora se limitaba a los Centros Especiales de Empleo.

Satisfacción en ATA y UPTA

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), principales organizaciones del sector, consideran que el Proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros que tramitarán las Cortes Generales supone una mejora cualitativa en el marco jurídico del emprendimiento y la consolidación del trabajo autónomo. ATA y UPTA se muestran, además, satisfechas, por las oportunidades que el texto da a las organizaciones de autónomos para participar en el diseño, planificación y evaluación de la formación para estos trabajadores.

ATA valora que con la reforma de formación, los autónomos conquistan un  nuevo derecho individual básico, que redundará en su consolidación, aumentando la calidad de nuestro tejido empresarial. ATA espera que el trámite parlamentario sirva para consolidar nuevos derechos para los autónomos y seguir avanzando en los mismos. Por ello, considera que, en su paso por las Cortes, la Ley de Segunda oportunidad debe ser ampliada para responder en contenidos a lo que indica su propio título, vinculando los procesos de cierre o concurso de los autónomos persona física al reemprendimiento, e incluyendo los créditos públicos "que son los que verdaderamente hunden al autónomo que fracasa", tal y como ha puntualizado Lorenzo Amor, Presidente de ATA.

Para UPTA, el punto más relevante es la nueva regulación de la capitalización de las prestaciones por desempleo para aquellos trabajadores en paro que deseen comenzar una actividad como autónomos en las mismas condiciones ya establecidas actualmente para los más jóvenes o para las cooperativas y sociedades laborales, es decir, pudiendo acceder a un pago único de la prestación para afrontar las inversiones necesarias. Durante el trámite parlamentario, UPTA trasladará propuestas, como mejoras en la Prevención de Riesgos Laborales y en las políticas de fomento sectorial, como el acceso a las nuevas tecnologías. Unos contenidos que, para UPTA, deben ser incorporados en este nuevo marco legal que debe servir como normativa básica para el conjunto de las políticas activas de empleo dirigidas a fomentar el autoempleo individual y colectivo.

Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas

Por su parte, el Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas "adapta la normativa a la nueva realidad económica definiendo las sociedades laborales como aquellas entidades mercantiles en que los socios trabajadores posean al menos el 50% del capital social y el 50% del derecho a voto", tal y como resumió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. El Proyecto apunta a facilitar la creación de este tipo de sociedades. Para ello, simplifica algunos requisitos, reduce las cargas administrativas adyacentes y  flexibiliza el marco de contratación de trabajadores. Otra de las novedades más relevantes en este sentido es la reducción de 3 a 2 del número mínimo de socios para constituir una sociedad laboral durante los primeros años de actividad.

Como una de sus novedades principales, se incorpora por primera vez la definición de sociedad participada por los trabajadores. Esta Ley, tal y como subrayó Sáenz de Santamaría, "otorga a los trabajadores un mayor protagonismo en la toma de decisiones de la empresa".

La Ley entrega a los trabajadores más protagonismo en la toma de decisiones, dando cauces más claro en su acceso a la condición de socio.

En este sentido, se da una forma jurídica expresa a la adquisición por la sociedad de sus propias acciones y participaciones, las cuales deberán ser enajenadas a los trabajadores en un máximo de tres años.

Para aquilatar el control efectivo de los trabajadores dentro de la sociedad, tanto las acciones como las participaciones tendrán el mismo valor nominal y conferirán los mismos derechos, sean de la clase que sean.

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