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Reforzado el sistema de acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional

22 de Julio de 2019

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un Real Decreto que modifica el anterior de abril de 2007 por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a personas inmigrantes, con el fin de ampliar el objeto del mismo a la atención humanitaria de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional.

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Según informó el Gobierno, desde el año 2014 se ha producido un fuerte incremento del número de personas solicitantes de protección internacional llegadas a España. En lo que llevamos de 2019 más de 56.000 personas han presentado solicitud de asilo, una cifra que ya supera a la registrada en todo 2018.

Conforme a la normativa española y europea, tanto los solicitantes como los beneficiarios de protección internacional que se encuentren en situación de vulnerabilidad deben ser atendidos y acogidos de manera digna, cubriéndose sus necesidades básicas.

Herramientas más ágiles e inmediatas

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros dota de herramientas más ágiles e inmediatas para financiar actuaciones destinadas a los solicitantes y beneficiarios de protección internacional.

En la práctica, esto supondrá que los recursos destinados inicialmente a atender las llegadas a costas podrán dedicarse también, cuando sea necesario, a la atención de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, que, como hasta ahora, seguirá siendo prestada por organizaciones especializadas en materia de refugio y asilo.

Lucha contra el tráfico de personas

Por otra parte y en línea con lo anterior, el Gobierno ha autorizado también la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar un suplemento de crédito, por importe de 30 millones de euros, en el presupuesto del Ministerio del Interior, para contribuir a financiar el despliegue de las autoridades marroquíes que luchan contra la inmigración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos.

Esta cuantía se suma al crédito de 140 millones de euros comprometidos el año pasado por la Unión Europea para el Reino de Marruecos.

 
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