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Solicitada a Francia la extradición de dos miembros de ETA que ya se encuentran presos en España

6 de Junio de 2016

El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes solicitar a Francia la extradición de dos miembros de la banda terrorista ETA, Julián Achurra, alias Pototo, y Gregorio Vicario Setién, para que puedan ser juzgados en España por delitos de terrorismo. Cabe destacar que los dos reclamados ya se encuentran en prisión en nuestro país cumpliendo condenas por diferentes delitos, una vez que fueron entregados a España por la Justicia francesa tras haber cumplido las condenas que les habían sido impuestas en el país galo.

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La Audiencia Nacional pide ahora su enjuiciamiento por hechos distintos a los que motivaron la entrega anterior por lo que, de acuerdo con el Convenio Europeo de Extradición y nuestra Ley de Extradición Pasiva, es preciso que se haga una nueva solicitud de extradición para poder enjuiciarles por estos hechos. Este es el trámite aprobado por el Consejo de Ministros.

Julián Achurra Egurrola, alias Pototo, fue entregado a España por las autoridades francesas en noviembre de 2013. Es responsable, además de otros delitos por los que ya está cumpliendo condena en España, de ordenar el secuestro de Ortega Lara.

En el acuerdo aprobado se solicita la extradición para su enjuiciamiento por los presuntos delitos de terrorismo con resultado de muerte, terrorismo con resultado de lesiones y estragos terroristas. En concreto, se le acusa de haber facilitado a otros dos terroristas información sobre horarios y costumbres del policía nacional Ignacio Pérez Álvarez, así como la bicicleta con explosivos que acabó con su vida el 30 de enero de 1990 y causó lesiones a varias personas y daños materiales en numerosas viviendas.

Gregorio Vicario Setién fue entregado a España por las autoridades francesas el pasado mes de febrero. Es antiguo miembro del Comando Barcelona y autor, entre otros delitos, de los secuestros del industrial vasco Cosme Delclaux y de José María Aldaya, además de haber colaborado en la colocación de un coche-bomba en la estación de Sants (1993), el asesinato del coronel del Ejército Leopoldo García Campo (1994) y el atentado contra el Gobierno Militar de Barcelona (1994) en el que resultó muerto el transeúnte Vicente Beti Montesinos.

En el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros se solicita la extradición para su enjuiciamiento por los presuntos delitos de estragos terroristas, pertenencia a banda terrorista, tenencia de explosivos y asesinato terrorista en grado de tentativa. En concreto, se le acusa de formar parte del Comando Barcelona que en 1993 colocó varias bombas en distintas cafeterías del puerto olímpico de la Ciudad Condal. Las explosiones causaron lesiones de diversa gravedad a cinco clientes de dos establecimientos y cuantiosos daños materiales.

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