El Consejo de Ministros del viernes 25 de noviembre acordó remitir a las Cortes Generales la trasposición a la legislación española de tres Directivas comunitarias sobre contratación pública.
Se trata de una tramitación legislativa de gran importancia por razón de la materia, para la que el Ejecutivo ha optado por articularla en dos Proyectos de Ley que fueron remitidos por el trámite de urgencia. Solo cinco días después, el pasado 30 de noviembre, la Mesa del Congreso aprobó la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de ambas normas:
- El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- El Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
El impulso legislativo se ha producido cuando ya se ha sobrepasado en más de medio año el plazo de transposición máximo previsto (18 de abril de 2016). Cabe destacar que, aunque la tramitación de los Proyectos de Ley finalizó en marzo de este año, no pudieron ser remitidos a las Cortes con anterioridad por estar el Gobierno en funciones.
Ambos Proyectos de Ley tienen como principales objetivos agilizar los procedimientos de contratación, aumentar la competencia, mejorar la publicidad y trasparencia, luchar contra la corrupción y servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de I+D. A tal fin, contemplan trasponer a la legislación española tres Directivas comunitarias en materia de contratación pública, como son la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la más novedosa, ya que carece de precedente en la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
A la importancia del ámbito que regula, se une que La Ley de Contratos del Sector Público es en sí misma una norma muy compleja que requiere de un análisis de urgencia pero en profundidad que se materializa en el dossier que le ofrecemos en exclusiva.
El trabajo editorial incluye el análisis de prestigiosos juristas como José María Gimeno Feliú, Catedrático Derecho Administrativo, y Silvia Subirana de la Cruz, abogada en ROCA JUNYENT, tablas comparativas y los textos de ambos proyectos.
