VALENCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) – El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este jueves que en España el cambio social «se suele sintetizar en cambiar leyes» que «venden muy bien en términos de titulares», dado que «es muy barato legislar en el BOE sin memorias económicas y sin infraestructuras para desarrollar los cambios», y ha lamentado que «jamás hay una reflexión real de los costes económicos de una ley».
Así se ha manifestado durante su conferencia 'El Fiscal ante la reforma de la Justicia' organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valencia, en la que ha advertido de que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "va a necesitar enormes presupuestos económicos de desarrollo, nacionales y autonómicos".
El fiscal general ha lamentado que en España "jamás se hace una auditoría de cómo funciona una ley, su implementación, sus ventajas o inconvenientes o por qué está mejorando".
"Renovamos determinadas políticas legislativas sin saber si han triunfado o fracasado salvo por aspectos superficiales, a veces ante tirones de opinión popular", ha proseguido Torres-Dulce, que ha advertido de que en ocasiones, incluso, "importamos productos legislativos tóxicos que han fracasado en otros países" o que obedecen a su estructura y naturaleza propia.
En cualquier caso, ha incidido en que reformar la justicia "es caro, pero los beneficios que puedan derivarse de las inversiones en justicia son exponencialmente importantes para un país".
Torres-Dulce ha apuntado como uno de los problemas de la justicia española la "progresiva pérdida del principio de seguridad jurídica", creada, en parte, por la "enorme dispersión normativa" existente, con tratados internacionales, directivas europeas, normas nacionales y autonómicas y ordenanzas municipales.
Además, ha señalado que, en su opinión, "se ha legislado con exceso a través de decretos ley en la última etapa, justificable en algunos casos pero que impide en otros el debate sereno".
Por otra parte, Torres-Dulce ha indicado que apenas llegan al Tribunal Supremo el 10 o 15 por ciento de los delitos, lo que "impide unificar la doctrina". "No es justo que ciudadanos ante situaciones sustancialmente idénticas reciban una respuesta disímil", ha agregado.
DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
El fiscal general del Estado ha asegurado que, en contra de la creencia generalizada acerca de la excesiva duración de los procedimientos judiciales, hay estudios que revelan que la duración media de los procesos en primera instancia en Europa es de 238 días, con algunos países en 350 días, mientras en España es de 272 días, "por encima de la media pero por debajo de Francia y Reino Unido".
"España jugaría la 'champions' de la duración de los procesos", ha recalcado Torres-Dulce, quien ha detallado que en segunda instancia la duración cae hasta 189 días.
En todo caso, ha abogado por adelgazar la Administración de Justicia, donde el 77 por ciento del presupuesto queda "bloqueado" en gastos de personal" y por destinar más recursos a la innovación tecnológica.
"FACILIDAD PARA LITIGIAR"
Asimismo, ha indicado que afecta a la eficiencia de la justicia la "facilidad para litigiar" en España, un país "tan dado a llevar los asuntos a los tribunales" con la fórmula "te pongo una querella".
El fiscal general ha señalado que la tasa de litigiosidad es de 0,42 casos per cápita y va en aumento, por lo que "si no se aborda de qué manera atajar esta facilidad para litigiar, estamos produciendo una saturación del sistema".
