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Un Juzgado admite a trámite una demanda colectiva contra Orange por prácticas abusivas en la facturación

23 de Junio de 2017

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña ha admitido a trámite la demanda colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios presentada por la Fiscalía Provincial de A Coruña contra la entidad Orange Espagne S.A. por prácticas abusivas en la facturación a clientes que se dan de baja en dicha operadora. La vista de medidas cautelares se celebrará el próximo 17 de julio, mientras que el juicio del procedimiento principal tendrá lugar el 26 de septiembre.

CGPJ

Según consta en la demanda, la empresa de telefonía "emite reiteradamente facturas contra los consumidores y usuarios en las que les reclama la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado (generalmente mensual) a pesar de que el servicio prestado a los clientes haya finalizado antes de que se complete ese periodo".

Un servicio que no ha prestado

A juicio de la Fiscalía, esto supone que la empresa requiere a los consumidores para que abonen un servicio que no ha prestado, "en lugar de reducir proporcionalmente la cuota para ajustarla al periodo realmente consumido hasta la fecha en que se extingue el contrato".

Como consecuencia, los consumidores pagan doblemente, puesto que la nueva compañía contratada emite una factura parcialmente coincidente en el tiempo con el periodo cobrado de forma indebida por Orange.

El Ministerio Público fue informado de esta conducta en el transcurso de una de las reuniones periódicas que mantiene con representantes de asociaciones y organismos encargados de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. A partir de ese momento se inició una investigación que, tras confirmar la supuesta práctica abusiva, ha finalizado con la presentación de la demanda.

De la investigación llevada a cabo se concluye además que la operadora de telefonía admitió en múltiples ocasiones que la factura se había emitido incorrectamente y la anuló como consecuencia de las numerosas reclamaciones tramitadas a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de A Coruña. Igualmente, se comprobó que el Instituto Galego de Consumo había tramitado múltiples reclamaciones contra la demandada por facturar el periodo completo con independencia del momento en que se dejaba de prestar el servicio.

En todos los expedientes que se remitieron a la Fiscalía las reclamaciones se resolvieron mediante laudos arbitrales que dieron la razón a los consumidores por considerar que se habían vulnerado sus derechos. Sin embargo, los laudos no causaron efecto disuasorio alguno y la empresa persistió en dicha práctica, según el ministerio Púbblico, pese a reconocer su ilegalidad.

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