KPMG nos ayuda a comprender qué es.
La reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre establece que las empresas podrán ser penalmente responsables de determinados ilícitos cometidos por administradores y también por empleados cuando no se haya ejercido sobre ellos el control pertinente. Esto supone una gran novedad en el Derecho español, que tradicionalmente no ha considerado que las personas jurídicas pudieran delinquir.
A partir de navidades ya no se podrá decir eso de "societas delinquere non potest", porque las empresas sí podrán ser unas delincuentes. Y no sólo ello, sino que el contar con un sistema preventivo puede librarle de responsabilidad. ¿Complicado? Alain Casanovas, socio del Áreal Legal de KPMG Abogados, afirma que "el cambio que se ha introducido era completamente previsible, viendo las tendencias de otros países de nuestro entorno".
En este sentido, señala que "otras jurisdicciones ya se han manifestado al respecto, estableciendo incluso directrices y buenas prácticas para mitigar la responsabilidad penal de las empresas: Estados Unidos es un ejemplo claro, y de sus autoridades federales emanan recomendaciones concretas, perfectamente trasladables a la realidad española".
Sin embargo, el Código Penal no establece qué controles son los que las empresas deben aplicar para evitar ser imputadas penalmente, "lo que unido a la falta de doctrina y jurisprudencia sobre la materia arroja cierta sensación de inseguridad jurídica", comenta Casanovas.
Es en este aspecto donde se proyectan las técnicas de Corporate Defense, relacionadas con estos controles como forma de evidenciar la diligencia de la empresa y conseguir acotar la responsabilidad penal al ámbito exclusivo de las personas físicas involucradas en la actividad ilícita. "La responsabilidad penal de la empresa puede suponer su intervención e incluso su disolución, lo que avala la necesidad de poner los medios necesarios para evitarlo a toda costa", explica el socio de KPMG Abogados.
Aunque existen estándares internacionales en materia de controles internos, tienen un marcado carácter financiero y adolecen de limitaciones a la hora de evitar fraudes, pues no es ése su propósito.
Los programas de Corporate Defense requieren un diseño específico y de personas que velen por su aplicación efectiva. "Ocuparse de estos controles supone una nueva responsabilidad, pero no necesariamente un nuevo puesto en la empresa, ya que pueden responsabilizarse de los mismos figuras ya existentes en el ámbito del control interno y cumplimiento normativo", apunta Casanovas.
Las autoridades federales norteamericanas establecen directrices para articular un programa de Corporate Defense, que tendrán plasmación en un código de conducta así como en políticas y procedimientos concretos. "El cambio legislativo que se produce en España constituye un nuevo hito en la transformación de la mentalidad empresarial española, pasando de una filosofía de reacción a una de prevención", apuntan desde el Departamento de Forensic de KPMG. En este sentido, es importante la evaluación de la eficacia y actualización de las políticas y procedimientos de la empresa, ya que cualquier cambio en sus circunstancias puede perjudicar significativamente la eficacia de los controles establecidos.
