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La inteligencia artificial jurídica y su impacto en la práctica profesional del Derecho

25 de Julio de 2019

Diariamente encontramos noticias acerca de las sorprendentes capacidades de la inteligencia artificial, de sus aplicaciones en diversos sectores profesionales y del profundo impacto laboral, económico y social que su implantación está ocasionando y puede ocasionar en el futuro próximo. Y el ámbito jurídico no constituye una excepción. Pese a las dificultades y singularidades que plantea la aplicación de la inteligencia artificial al campo del Derecho, el desarrollo de las tecnologías de big data y de disciplinas como el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural, ha posibilitado el desarrollo de una serie de herramientas para automatizar diversas tareas jurídicas que al inicio de esta década era sencillamente inimaginable que pudieran dejar de ser realizadas por humanos.

José Ignacio Solar Cayón,
Profesor Titular de Filosofía del Derecho Universidad de Cantabria

La inteligencia artificial jurídica (Thomson Reuters Aranzadi) trata sobre la inteligencia artificial jurídica -el conjunto de aplicaciones de inteligencia artificial diseñadas y/o utilizadas para la realización de tareas jurídicas- y sobre los efectos que su empleo, combinado con otras fuerzas interrelacionadas, como la globalización, la presión de los demandantes de servicios jurídicos en un mercado cada vez más competitivo y la creciente liberalización -ya sea de iure o de facto- de dicho mercado, está provocando en la práctica profesional del Derecho.  

¿Qué tareas jurídicas pueden ser automatizadas?, ¿serán sustituidos algunos profesionales por algoritmos?, ¿qué cambios habrán de afrontar los despachos para adaptarse a las nuevas tecnologías y aprovechar su potencial?, ¿cuál será su papel en un mercado sacudido por la emergencia de proveedores alternativos de servicios jurídicos basados en la tecnología?, ¿cómo variarán los hábitos de consumo y contratación de estos servicios?... Si bien estas preguntas resultan aún difíciles de responder en toda su extensión, lo que ya a día de hoy sí se puede constatar en aquellos países que han sido pioneros en la introducción de la inteligencia artificial jurídica (Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, principalmente) es que ésta, en conjunción con las fuerzas mencionadas, está operando una serie de transformaciones sustanciales en la práctica del Derecho y en el rol tradicionalmente ejercido por los abogados y las firmas jurídicas. En este sentido, Richard Susskind, uno de los mejores conocedores de la industria legal, no duda en afirmar que la abogacía cambiará más radicalmente en menos de dos décadas de lo que lo ha hecho en los dos últimos siglos.

Un universo jurídico en mutación

El lector podrá encontrar en esta obra una descripción del complejo panorama que nos presenta este universo jurídico en mutación y de las tendencias que se delinean en el horizonte inmediato.

En primer lugar, ofrece una visión global de la inteligencia artificial jurídica, de cómo está siendo utilizada por los bufetes y las compañías más innovadoras, y de la pujante industria legaltech que ha generado. Especial atención merecen los sistemas de question answering -como ROSS, desarrollado a partir de la plataforma cognitiva Watson-, capaces de ofrecer respuestas jurídicamente argumentadas a preguntas formuladas en lenguaje natural. Pero también pone de relieve el auge de los sistemas expertos, especialmente en áreas como el compliance, o de las herramientas de revisión y análisis automático de contratos en los procesos de due diligence. Y analiza el potencial disruptivo de las aplicaciones que permiten la elaboración automática de contratos y documentos jurídicos totalmente individualizados a partir de un diálogo interactivo entre el software y el usuario, que en los Estados Unidos ha llevado a diversas asociaciones representativas de la abogacía a plantear demandas por intrusismo profesional (unauthorized practice of law) contra las plataformas digitales que las explotan comercialmente. En el campo procesal, aborda la funcionalidad de los sistemas de análisis predictivo para identificar patrones y tendencias inapreciables en la actuación de los tribunales; la expansión de los sistemas de resolución automática de disputas en línea, incluso en el ámbito judicial; y el éxito de los sistemas de codificación predictiva en la selección del material relevante en el proceso, cuya utilización ya ha sido admitida en las principales jurisdicciones del Common Law, originando importantes reformas de las normas procesales.    

Impacto en el empleo jurídico

  Posteriormente, el trabajo analiza el impacto de la automatización en el empleo jurídico y en la reconfiguración de la actividad profesional. Para ello se revisan informes, estudios y datos estadísticos disponibles en países como Estados Unidos y Reino Unido, que evidencian dinámicas como la polarización del mercado laboral y la significativa disminución de la demanda de determinados tipos de profesionales jurídicos. Lo cual no significa una reducción de la demanda global de empleo en el sector, puesto que ese efecto negativo se ve más que compensado por la aparición de nuevos perfiles profesionales de alta cualificación. Perfiles híbridos, a caballo entre el Derecho, la tecnología y la gestión empresarial como: ingenieros de conocimientos jurídicos, científicos de datos jurídicos, analistas de procesos jurídicos, directores y gestores de proyectos jurídicos, legal management consultants, gestores de riesgos jurídicos y especialistas en compliance, entre otros. En esta dirección, la obra plantea la necesidad de revisar los programas de formación jurídica para adaptarlos a las exigencias del nuevo contexto profesional (las más prestigiosas Facultades de Derecho anglosajonas ya incluyen en sus planes de estudios materias relativas a big data e inteligencia artificial).

Pero, más allá de las consecuencias directas de la automatización sobre el empleo, las transformaciones más profundas propiciadas por la inteligencia artificial jurídica tienen que ver con su potencial para remodelar el trabajo jurídico. La automatización de determinados procesos está provocando la creciente desagregación de las tareas jurídicas y la asignación de cada una de ellas a la fuente más eficiente de realización, ya se trate de sistemas "inteligentes", de para-profesionales asistidos por la tecnología o de la externalización en legal process outsourcers especializados en la realización de grandes volúmenes de determinadas tareas a bajo coste aprovechando su potencial tecnológico (cuyos centros de trabajo se hallan ubicados frecuentemente en países como India, Pakistán, Filipinas o Sudáfrica). Esta reconfiguración de la actividad jurídica cambia la propia naturaleza de las tareas, el diseño de los procesos, los modos de trabajo y las relaciones entre los trabajadores, transformando sustancialmente el contexto profesional.

Repercusiones profundas

Obviamente, estas dinámicas tienen repercusiones profundas en el mercado jurídico, obligando a los despachos a revisar sus estrategias de captación de talento y su papel en un escenario en el que han perdido de facto su monopolio, pero que también presenta insospechadas oportunidades. En esta dirección se examinan fenómenos como la "comoditización" de los servicios jurídicos y su prestación online, la aparición de compañías tecnológicas y otros proveedores alternativos de servicios en un mercado cada vez más segmentado, o la creación de mercados jurídicos digitales que desafían las regulaciones existentes e imponen sus reglas de juego, alterando las condiciones tradicionales de prestación de los servicios jurídicos, los hábitos de consumo jurídico y las relaciones abogado-cliente. En conexión con ello, se tratan los problemas deontológicos que plantea la inteligencia artificial jurídica y la prestación de servicios jurídicos automatizados por parte de compañías tecnológicas y otros proveedores alternativos, así como la necesidad de revisar los actuales esquemas de regulación de estos servicios para ordenar esta nueva realidad, al objeto de establecer un marco más seguro y equitativo para los profesionales jurídicos y de proteger a los consumidores.

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