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Antonio V. Sempere Navarro, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

“Optar por la derogación o la reforma puede acabar siendo un planteamiento alejado de las premisas técnicas”

16 de Enero de 2017
Legal Today

Uno de los colaboradores de referencia de Thomson Reuters es el catedrático Antonio V. Sempere Navarro. Desde Legal Today hemos querido conversar con este experto en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, quien responde a preguntas acerca de la legislatura recién iniciada y la reforma laboral.

Comienza 2017 con la vista puesta en la reforma laboral. ¿Qué cambios puede sufrir esta norma?

Lo que suele denominarse "Reforma Laboral de 2013" es un conjunto de leyes, aparecidas entre 2012 y 2014, que procede a modificar previsiones básicas incorporadas en Estatuto de los Trabajadores (ET), Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), Ley de Empresas de Trabajo Temporal (LETT), Ley de empleo (LE), Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA) y otras varias.

Esas disposiciones poseen una parte bastante estable y otra sujeta a vaivenes propios tanto de la situación socioeconómica cuanto de las mayorías políticas o las demandas de los agentes sociales.

Postular la actualización de la Reforma Laboral, su dulcificación o su derogación son grandes objetivos que pueden entenderse de manera muy diversa. Predecir los cambios por venir parece prematuro a estas alturas de la legislatura, recién iniciada y sin una alianza política suficientemente mayoritaria como para deducir la respuesta de lo indicado en los Programas de los partidos políticos.

Comentaba recientemente el ministro de Economía, Luis de Guindos, que "el núcleo de la reforma laboral no se puede tocar". Al margen de consideraciones políticas, ¿qué opinión le merecen estas manifestaciones desde el ámbito jurídico?

El Derecho del Trabajo, por su propia ontología, se presenta como dinámico, evolutivo y en permanente cambio. Por eso incluso los defensores del estado actual de nuestras normas laborales no rechazan su cambio, sino que lo gradúan y apartan de él los aspectos nucleares.

Como se expone en las Conclusiones del Grupo FIDE lo ideal es conseguir una ordenación consensuada de las relaciones laborales con el objetivo del empleo, del trabajo de calidad, de la productividad y de la competitividad. El pacto político y social debiera preceder a las reformas, enmarcadas en el ámbito de la Unión Europea y deseablemente dotadas de elevada calidad técnica.

¿Sobrevuela la palabra derogación respecto a esta reforma?

Optar por la derogación o la reforma puede acabar siendo un planteamiento alejado de las premisas técnicas: es evidente que ha de existir una regulación de las relaciones laborales y que si se desplaza la vigente otra ocupará su lugar. En la línea de mejora, por ejemplo, parece que el ET debiera regular los derechos fundamentales de los trabajadores en las relaciones laborales, despejando las incertidumbres del ejercicio de dichos derechos fundamentales en igualdad y sin discriminaciones y en relación con las tecnologías de la información y la comunicación, con el entorno tecnológico digital que es una realidad insoslayable, virtualmente ausente del ET.

¿Cuál es la perspectiva para esta la legislatura en materia laboral y de Seguridad Social?

Creo que muy incierta por lo respondido antes. Además, las urgencias (por ejemplo, en materia de Seguridad Social) obligarán a adoptar medidas coyunturales. El comienzo ha sido agridulce, con una esperada y deseada subida del salario mínimo interprofesional, pero con los interlocutores sociales sintiéndose preteridos.

Por otro lado, no olvidemos que muchas cuestiones relevantes no dependen principalmente de las normas estatales, sino de lo pactado o de los comportamientos empresariales y de los trabajadores. Ojalá pudiera decirse que tras el periodo de crisis y de reconversión laboral se asiste al de recuperación en todos los sentidos (no solo retributivo), con productividad y derechos laborales.

Sean o no del agrado propio, las normas deben cumplirse por todos sus destinatarios y un factor de madurez viene dado por el descrédito (social, sindical, empresarial) hacia quienes no lo hacen, sea cual sea su condición. También en este sentido nuestra realidad tiene un amplio margen de mejora y la legislatura debiera pensar en ello, no solo en elaborar nuevas normas.

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