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10 de Abril de 2015

Marcos Río

Asociado Principal de Deloitte Abogados

A vueltas con la regulación y tributación del juego

La semana pasada visitando a dos multinacionales españolas del juego de sobra conocidas, ambas me hicieron un comentario similar, la tributación del juego en general y del remoto u “on-line” en particular es tan sumamente elevada que cuando un gobierno decide regular dicha actividad, los únicos motivos aparentes son los recaudatorios. Esta reflexión, obviamente, de parte, no es dogma de fe, pero sí que tiene un alto porcentaje de veracidad.


Los portavoces no se referían exclusivamente a lo que ocurre en este sentido en España, sino a lo que conocemos como el mundo desarrollado en general, de hecho no dialogábamos sobre el "clima" español, sino sobre una jurisdicción latinoamericana.

Si bien hay actividades que son reguladas prácticamente de manera obligatoria por su necesidad de existencia, como aquéllas inherentes al mundo financiero o del seguro, la necesidad de una regulación del sector del juego, en este caso el remoto u "on-line", nada tiene que ver con una demanda o necesidad social, sino (en opinión de los operadores y alguno más...) con motivos recaudatorios y como decimos, esto ocurre en al menos, toda Europa y América (Norte, Central y Sur), es decir, se regula el juego, lo cual significa que (entre otras): se aprueban "paquetes" fiscales muy elevados y normalmente se "complica" la vida a los operadores y demás actores intervinientes en la industria al introducirse obligaciones de "reporting" más exhaustivas que las existente en sectores mucho más estratégicos; se inician inspecciones específicas de carácter regulatorio y fiscal; se establecen planes muy costosos contra la ludopatía (entiéndasenos bien, que no estamos en contra de lo contrario, sino del número de obligaciones específicas y de cómo se instrumentan) y últimamente planes de "buen" gobierno corporativo reforzados. Por si esto no fuese suficiente, después de tanto control y regulación, en países como España (con escasa tradición de juego "de pago"), se produce la paradoja de que los operadores, lejos de tener una imagen social pulcra, siguen sin ser "trigo limpio", no sólo a los ojos del ciudadano lego, sino de la propia Administración.

Desde un punto de vista estrictamente fiscal, en casi todas las jurisdicciones donde el juego remoto está regulado, la historia se repite: existe una escasa flexibilidad en la aplicación de los impuestos habituales (no suelen existir deducciones específicas en los impuestos sobre sociedades y de la renta, la cuotas del IVA o impuesto similar sobre transacciones no resultan, por lo general, deducibles, etc.) y además se introducen tributos específicos sobre el juego que suelen gravar el llamado GGR ("gross gaming revenue", o el resultado de minorar los premios repartidos a las cantidades jugadas) con tipos de aproximadamente del 25% sobre esta magnitud. Asimismo y una vez las autoridades fiscales se familiarizan con las operaciones de juego, comienzan a plantear dificultades casi insalvables respecto a la existencia de elementos diferenciadores de la industria como es el caso de la oferta de bonos y promociones similares.

Después de darle bastante vueltas y hablar mucho con clientes, en eventos y reuniones, uno viene a pensar si esto de regular el juego no viene a ser algo que no beneficia a nadie: los operadores no insisten demasiado en comercializar su producto en estas jurisdicciones, puesto que hay otras mucho más rentables y flexibles; los gobiernos, no recaudan lo que deberían recaudar si eliminasen los tributos aplicables (a la altura de los existentes respecto a cualquier otra actividad económica) y los jugadores son reticentes a jugar, puesto que los premios a repartir son escasos por los motivos mencionados anteriormente.

No se trata de no regular el juego, sino de aprender de aquellos que llevan haciéndolo décadas, como Reino Unido o Malta (sin tasas de ludopatía o evasión fiscal más elevadas de las que nos encontramos por estos lares), mediante el establecimiento de tributos razonables, una flexibilidad regulatoria (lo cual no quiere decir falta de control) y un decidido apoyo a la industria y si no, casi mejor estaríamos todos "quietecitos" puesto que las cosas, de hacerlas, se hacen bien.

Con una regulación ya superior a los tres años, creo que reflexiones como ésta pueden generar un debate en todos los sectores implicados que, tal y como está el asunto, lejos de sumar asperezas, sólo puede ser beneficioso para todas las partes.


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