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13 de Enero de 2016

Pablo Sanz

socio Deloitte Abogados

El concierto económico en escena

En los últimos tiempos la figura del Concierto Económico, la norma que regula las relaciones financieras y tributarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco con la administración del Estado, ha aparecido con fuerza en el debate político de nuestro país. No debe olvidarse que el Concierto Económico es una Ley aprobada en el Parlamento, y siempre que ha sido sometida, de alguna forma, a escrutinio o reforma, ha obtenido apoyos mayoritarios, cercanos o superiores al 80% del Parlamento.


A modo de recordatorio, debe tenerse en cuenta que el Concierto establece, mediante el mecanismo del Cupo, que el País Vasco aporte (pague) el 6,24% de todas las partidas presupuestarias que el Estado asume en la Comunidad Autónoma del País Vasco. De tal forma que las instituciones del País Vasco (las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos; Alava, Gipuzkoa y Bizkaia) asumen la responsabilidad de la legislación, recaudación e inspección del sistema tributario y pagan, con independencia del resultado de esas competencias tributarias, el referido Cupo. El cálculo de dicho Cupo es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más controversias genera, cuando se entra en un análisis serio del Concierto.

Con cierta regularidad, el Concierto es criticado desde múltiples posiciones y puntos de vista, pidiendo su supresión por ser un privilegio de los vascos frente al resto de españoles, con argumentaciones como las de que "supone que los vascos no paguen nada al Estado", "por no cumplir los principios de solidaridad e igualdad", "por ser un instrumento sin encaje en la Unión Europea, ya que es totalmente medieval" y "supone que el País Vasco sea un paraíso fiscal".

En otras ocasiones las críticas tienen un contenido más técnico, al menos, en un principio: "si se extendiese al resto del Estado este quebraría", "el porcentaje de aportación del País Vasco al sostenimiento del Estado es muy bajo respecto al de otros territorios y no ha cambiado en los últimos 30 años", "la valoración de las cargas asumidas por el Estado está siempre manipulada", "su aplicación supone que los vascos tengan una mayor capacidad de gasto que el resto de españoles".

Sin entrar en un análisis profundo de dichos argumentos, y guardándome el derecho a seguir con este tema en futuras entradas de este blog, sí creo que hay algunos hechos que, al menos, deben hacer replantear o revisitar parte de las críticas citadas:

  • En lo referente a su condición de privilegio y su encaje en la Unión Europea, se debe tener en cuenta que la institución del Concierto, en distintas manifestaciones, acredita una existencia de casi 175 años en España. Y aunque es cierto que la antigüedad no es intrínsecamente buena, sí debe serlo el que tanto dictaduras como monarquías lo han respetado. Durante los últimos años, la capacidad normativa del País Vasco ha navegado entre situaciones de posibles incentivos a la deslocalización a actividades empresariales y de posibles medidas calificadas como ayudas de Estado al amparo de la normativa comunitaria. Sin embargo, y para terminar con las dudas y el uso tanto de los defensores como los detractores del Concierto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estableció el 6 de septiembre de 2006, en el conocido como "caso Azores", la posibilidad de que existan regímenes tributarios infraestatales en el seno de la Unión Europea (posibles siempre que exista autonomía institucional, de procedimiento y económica).
  • El resto de Comunidades Autónomas, con excepción de la Comunidad Foral de Navarra que tiene su propio Convenio Económico, tienen su propio sistema de financiación, que consiste, de forma general, en la participación en la recaudación tributaria del Estado, con una cada vez mayor autonomía financiera. El Estado ha debido instrumentar dos mecanismos especiales de apoyo financiero a las Comunidades Autónomas como consecuencia de la gestión pública en la crisis reciente, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores. Pues bien, la única Comunidad Autónoma que no ha acudido a ninguno de dichos mecanismos es la Comunidad Autónoma del País Vasco (la única que, junto a la navarra, asume el riesgo de recaudación, la responsabilidad de gastar, exclusivamente, lo que recauda).

Para terminar, y para quien guste de las estadísticas y cifras, o sea más de "cuentas" que de "cuentos", dos datos, la población vasca es el 4,66% de la total del Estado, cuando su contribución a los gastos del Estado no transferidos, como ya se ha dicho, es del 6,24% (mayor carga per cápita), y el País Vasco, a día de hoy no tiene ni una estación de AVE (46 ciudades españolas acabarán con estación de AVE en 2015).



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