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Blog Fiscalidad Internacional

22 de Marzo de 2018

Diego Viñal

asesor fiscal y abogado colegiado en el ICAM

Criptomonedas, Tax Challenges y lo que la vaca da

Pocas dudas nos quedan de que vivimos en una época vertiginosa donde mantenerse al día de todos los cambios que se suceden parece casi un ejercicio de equilibrio en el que el consumidor -y administrado- se ha convertido en un perfecto funambulista.


Vértigo Online (y Offline)

Nada como enfrentarnos al elemento objetivo que refleja en parte esa realidad: las crudas cifras. Mientras en marzo del año 2010 el número total de aplicaciones disponibles en Google Play ascendía a apenas 30.000, esa misma cifra de apps 'vivas' ascendía a finales del año pasado a casi 3.500.000. El ritmo que ha alcanzado nuestro día a día no sólo guarda relación con la velocidad de los avances tecnológicos, sino que estos, a su vez, han alterado nuestros propios hábitos de consumo:  el  volumen de ventas online a nivel mundial se ha triplicado desde el año 2014 hasta hoy. Y el cambio va más allá del mundo digital ya que según los datos del cuarto trimestre de la multinacional que ha hecho que medio mundo lleve un café por la calle de buena mañana -sí, los del logo de la sirena-, la franquicia cuenta ya con casi 30.000 establecimientos repartidos en 76 países.   ¿Frente a este maremágnum qué hacen y qué harán los estados para proteger (o no) a sus ciudadanos? En lo que a fiscalidad internacional se refiere todo esfuerzo ante semejante escenario parece siempre mínimo y lento, pues cualquier iniciativa o reacción en el ámbito de políticas fiscales de alcance internacional requiere, justamente, tiempo de reflexión y consenso. Así, la primera conclusión que uno puede sacar del Interim report de la OCDE sobre los retos fiscales de la digitalización (Tax Challenges Arising from Digitalisation) es que llega tarde y resulta insuficiente.

Más allá de la Acción 1 del BEPS:

El informe del año 2015 relativo al paquete de medidas BEPS ya identificaba que los problemas de la economía digital desbordaban los trabajos llevados a cabo entonces y los Estados pertenecientes al grupo de trabajo denominado inclusive framework se comprometían a seguir trabajando en un informe sobre esta cuestión que ha sido publicado ahora para ser sometido a debate en una reunión de dos días mantenida por el G20. Parece improbable que el mundo  tributario se pueda adaptar a un mundo tan cambiante cuando nuestra realidad se transforma en tan sólo meses, semanas o días y una respuesta por parte de la comunidad internacional tarda en llegar tres años. Con esto no quiero decir que las reformas deban ser precipitadas o sin el debido acuerdo de las partes implicadas, pero sí que el salto entre realidad y norma parece insalvable.

Negocios interconectados:

Contiene el texto publicado una idea que, por evidente que suene, condensa el principal reto: en una economía interconectada no se puede separar la economía digital del resto, por tanto la acción no puede estar restringida a un ámbito que ni siquiera se puede delimitar. Coinciden al menos los 110 miembros del grupo de trabajo que la respuesta al problema debe ser colectiva y que cualquier planteamiento unilateral puede resultar contraproducente. Una intención loable recogida también en el informe es que se pretende incorporar al debate teórico-legislativo a la patronal, la sociedad civil y el mundo académico, pero mi impresión es que al final el trabajo desarrollado en este tiempo que incorporado al documento es más analítico que resolutivo, por lo que no encontramos verdaderas propuestas que se acerquen siquiera a plantear una solución que se pueda poner en práctica.

Mientras la sociedad vive su propia revolución en la que se habla de un horizonte con sistemas financieros amenazados por formas de intercambio y sistema de pago alternativos a los tradicionales, desconocemos cuál es o será la respuesta de las Administraciones tributarias. Así se refiere la OCDE aún al universo de las criptomonedas y el blockchain como un "riesgo fiscal", cuando lo apropiado sería pensar que el riesgo es siempre la indeterminación jurídica o situaciones que, por novedosas, puedan estar (o parecer) fuera del marco legal. Creo que la solución no siempre debe pasar por eliminar aquello que ha quedado fuera de toda regulación, sino que el legislador debe ir de forma eficaz a su encuentro.

...Mejor que sea otro quien cargue con la responsabilidad

Por si las obligaciones formales fuesen pocas para los sufridos asesores fiscales, nos llega la Unión Europea con más leña al fuego. El Consejo Europeo acaba de alcanzar un acuerdo sobre un borrador de Directiva según la cual los asesores fiscales pasarán a ser la policía -sin sueldo, claro está- de planificaciones fiscales agresivas, aunque estas no infrinjan norma alguna. La directiva establecerá hitos dentro de la estrategia fiscal de la empresas que, caso de darse, obliguen a informar de ello para que tal información, recabada por las administraciones de los distintos países por medio de los profesionales, pase a una base de datos centralizada. De momento habrá que esperar a la transposición de la Directiva en cada uno de los países miembros para conocer las implicaciones prácticas de los modelos informativos que se incorporarán a la ya larga lista de existentes pero parece que tenemos una fecha a partir de la cual la reforma debería entrar en vigor y es el 01 de julio del 2020. Está claro que la lucha contra el fraude fiscal es y debe ser siempre una prioridad para todos los Estados, sin embargo no todo medio es válido. Pienso que al margen de lo discutible que resulte enfrentar a un profesional con su cliente, poniendo al primero en una posición cuasiacusatoria sobre el segundo, hecho en falta un análisis sobre el impacto económico de la medida, pues rara vez tiene en cuenta el legislador que el tiempo dedicado a compliance y cuestiones burocráticas resta eficiencia y, por tanto, competitividad.


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