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12 de Julio de 2018

Diego Viñal

asesor fiscal y abogado colegiado en el ICAM

Sector Público y economía digital, algo está fallando

Llevo tiempo interesándome por lo que ha dejado de ser un futuro de ciencia ficción -propio de novelas de Ray Bradbury- para pasar a formar parte de nuestro día a día. La inteligencia digital, entendida como la capacidad de recabar e interpretar datos con el fin de incrementar la productividad o favorecer el éxito empresarial, ha venido para quedarse, y no es lo único. Todo lo que tiene que ver con el ámbito digital parece llamado a favorecer, entre otras muchas cosas, el desarrollo de las relaciones comerciales: incrementando la eficiencia, acercando mercados o simplemente aumentando los flujos de exportaciones e importaciones. Y es que, al final, este salto tecnológico, como cualquier otro, persigue el que se pueda producir lo mismo con menos recursos o , a igual nivel de gasto, mayor producción.


Es así de simple. Los avances, ya sean estos una locomotora de vapor o la sempiterna rueda, cumplen la función de optimizar un proceso, de tal forma que necesitemos menos para poder obtener más. Pues bien, si el mundo digital en el que estamos permite al sector privado vender más con una estructura de costes menor ¿Por qué ese efecto no parece trasladarse al sector público? ¿Por qué para mantener en marcha la estructura  de la Administración publica, aquella que debe ofrecer al ciudadano un conjunto de servicios que, por su naturaleza, requieren de una gestión colectiva no es capaz de mantener mismos servicios con una menor volumen de gasto? Empiezo este post planteándome estas preguntas en la medida en la que, tal día como hoy, no sólo en España se insiste en que la reducción del gasto debe ir acompañada de un incremento de los gastos, sino que parece una cantinela global.

  • El FMI aconseja a Estados Unidos elevar la carga tributaria indirecta

Así empieza este organismo aconsejando a los gobernantes del país norteamericano que suban los impuestos indirectos, pues tal incremento compensaría la pérdida de ingresos derivada de los recortes contenidos en la Tax Cuts and Jobs Act, lo cual favorecería, además, el cumplimiento de los objetivos fijados en dicha norma. Esta recomendación a mi parecer no deja de ser un auténtico contrasentido. Si yo he previsto cumplir unos fines incorporando recortes presupuestarios es, porque, de ser un trabajo legislativo sólido, significa que puedo hacerlo y porque considero que la rebaja fiscal es parte de la estrategia que va a favorecer la buena marcha de la economía. Recortar por un sitio para rellenar por otro es lo mismo que decir: virgencita que me quede como estoy.

  • El IVA de los bonos o "vouchers"

Siguiendo con la imposición indirecta, nos detenemos en el Reino Unido donde el gobierno se ha puesto a hacer los deberes en lo que respecta a la  Directiva (UE) 2016/1065 del Consejo al elaborar un proyecto de ley sobre la misma con el fin de proceder a su transposición a la normativa interna. Aquí lo relevante a tener en cuenta es

1.- El alcance de la norma: que versa sobre "bonos que pueden ser utilizados a efecto de canje por bienes o servicios". Es decir, afectaría a vales, tarjetas prepago o cajas/tickets regalo.

2.- El por qué de la norma: atajar potenciales zonas grises donde la norma tributaria pudiese resultar poco clara, tratando de "asegurar la certidumbre y uniformidad del tratamiento (fiscal) aplicado"

3.- El fin último de la norma: no se trata de determinar si una operación está sujeta y no exenta al IVA, sino cuándo se produce el devengo del impuesto. Así los sucesores del mítico Disraeli aclaran que "The new legislation is not concerned with the scope of VAT and whether VAT is due, but with the question of when VAT is due and - in the case of multi-purpose vouchers - the consideration upon which any VAT is payable".

  • Carga tributaria sobre la economía digital: ¿lastre o recurso necesario?

Y de regreso a la UE (no pretendía levantar ampollas brexitianas con este mal chiste), seguimos a vueltas con el debate de si las empresas eminentemente digitales, o cuyo núcleo de negocio sea la economía digital deben o no contribuir por medio de una figura impositiva específica. Digo que la polémica esta servida porque el Information Technology Industry Council (ITI), organismo con base en Washington, ha dirigido una dura carta abierta a la Comisión Europea planteando serias dudas sobre la conveniencia y las formas de tratar fiscalmente la economía digital.

El texto, cuánto menos, nos obliga a formularnos una serie de preguntas:

1.- ¿Cómo podemos definir, en un mundo tan afectado por lo digital y el e-commerce, qué empresas deben identificarse como sujetos pasivos de un tributo digital? ¿Cuál sería el elemento definitorio para delimitar el grupo afectado por este eventual impuesto?

2.- ¿Tributo directo o indirecto? ¿Y si es directo este debe vincularse al volumen de ingresos (como parece que se pretende) o a los beneficios?

3.- Problemas de localización. En un mundo tan interconectado ¿Qué elementos van a determinar la territorialidad de este eventual impuesto?

Para leer la misiva en su totalidad puedes pinchar en el siguiente link:

Carta Abierta a la Comisión

Desde luego no pretendo cerrar la cuestión con un planteamiento dogmático, imponiendo mi parecer al respecto, defiendo que es saludable que se ahonde con cierto poso en las problemáticas que plantea la tecnología y en cómo la fiscalidad debe afrontarlas para que se produzca, creo que es lo deseable, una mínima injerencia o distorsión sobre las relaciones comerciales.

Algo sí tengo claro y es que avanzará el día, la semana, y seguirá en mi cabeza la misma pregunta con la que empezaba esta publicación. ¿Cómo es posible que las administraciones no consigan incrementar sus resultados o productividad con un mismo volumen de gasto? Al menos es algo que, de haberse conseguido, no se traslada ni a los presupuestos ni a la opinión pública. Parece como si la tecnología o o el efecto de los avances fueran ajenos al sector público.


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